En Murcia, el 25 de febrero, se han revelado documentos desclasificados por la Comisaría General de Información (CGI) que arrojan luz sobre la actividad política en la región tras el intento de golpe de Estado del 23 de febrero. Estos informes ofrecen un panorama detallado de la situación en diferentes regiones policiales, centrándose especialmente en la capital murciana.

Los reportes, que llevan por nombre 'Situación actual en las distintas regiones policiales y acciones de protesta previstas', destacan una vigilancia intensificada en el entorno universitario entre el 24 y el 26 de febrero de 1981. Los servicios de inteligencia han estado atentos a todos los movimientos de grupos políticos durante esas fechas críticas.

El primer informe, datado el 24 de febrero, indica que en la zona universitaria de Murcia se habían exhibido pancartas firmadas por la Liga Comunista Revolucionaria (LCR) y el Movimiento Comunista (MC). Los letreros contenían un mensaje claro: pedían la "depuración de las FAS (Fuerzas Armadas) y FOP (Fuerzas de Orden Público)", lo cual refleja un ambiente de agitación entre los estudiantes.

Además, el documento revela que se llevó a cabo una asamblea estudiantil donde se exigió la "disolución de los grupos fascistas y terroristas", una medida considerada necesaria en respuesta a la reciente ocupación del Congreso de los Diputados.

Un segundo informe, fechado el 26 de febrero, reporta una nueva concentración en el campus de la Universidad de Murcia, convocada por la misma coalición de grupos políticos. Esta vez, la reunión fue organizada por el Movimiento Comunista (MC), la Liga Comunista Revolucionaria (LCR) y la Unificación Comunista de España (UCE).

De acuerdo con el acta informativa, aproximadamente 400 personas asistieron a esta movilización, donde se aprobó la adhesión de estas organizaciones a futuras protestas planificadas por los partidos políticos. Esto demuestra no solo la unidad entre estos grupos, sino también su disposición a actuar en conjunto frente a las circunstancias actuales.

El mismo informe menciona que, además de una manifestación solicitada al Gobierno civil para el día siguiente, se había propuesto una nueva movilización para el 7 de marzo, en defensa de lo que ellos califican como 'libertades democráticas'.

Estos documentos son parte del seguimiento realizado por las Jefaturas Superiores de Policía y enviados a la Comisaría General de Información para evaluar el estado del orden público y la respuesta civil en las provincias después de la inestabilidad política que ha sacudido al país.