El presidente de la Comunidad de Regantes de Lorca, Juan Marín, ha elevado su voz de alarma en la Asamblea Regional, señalando que las proyecciones para diciembre de 2027 resultan ser “inviables, insolidarias e injustas” para los sistemas de irrigación del Guadalentín. Esta preocupación surge de la inminente reducción en las asignaciones del trasvase Tajo-Segura, junto a una disminución en la extracción de aguas subterráneas y la falta de la tubería que conectará con la desaladora de Torrevieja, la cual debía suplir la escasez de caudales.

Marín compareció ante la Comisión Especial que revisa la situación del Trasvase Tajo-Segura para esclarecer la realidad que enfrenta la Comunidad de Regantes de Lorca, una entidad que gestiona cerca de 27.000 hectáreas de tierras, representando a unos 17.000 comuneros. El presidente destacó la “enorme responsabilidad” que implica liderar una comunidad que se dedica a la producción de alimentos y generación de empleo en la región.

En su discurso, Marín recordó que la historia del regadío en Lorca no se inicia con el trasvase, sino que tiene raíces en antiguos sistemas de irrigación árabes que utilizaban técnicas de riego por inundación. Durante el siglo XX, estos métodos fueron modernizándose, dando paso a un contexto agrícola más diversificado que ahora incluye cultivos como alcachofas, brócoli, parras y cítricos, alejándose así de una agricultura de menor valor.

El modelo de riego actual se basa en un “mix de agua” conformado por recursos de superficie y subterráneas, así como de las aguas regeneradas producidas en la ciudad y del suministro de la desaladora de Águilas. Este sistema, impulsado hace más de 40 años por varias comunidades de regantes, representa un intento de garantizar la sostenibilidad hídrica en la región.

Sin embargo, Marín fue contundente en su aseveración de que la supervivencia de la Comunidad de Regantes depende en gran medida del trasvase. Lo describió como “la clave que da sentido a todo el sistema hídrico”, no solo por su considerable volumen de agua, que varía según las condiciones climáticas en la zona alta del río, sino también por un precio que ronda los 10-12 céntimos por metro cúbico, lo que facilita la viabilidad económica frente a otras fuentes más costosas.

Marín advirtió que cultivos clave como los cítricos se enfrentarían a un serio riesgo de secado inminente si dependiesen exclusivamente de recursos subterráneos o del agua desalada. Subrayó que la comunidad tenía la intención de asegurarse el acceso a cerca de 4 hectómetros cúbicos de agua de la desaladora de Torrevieja para mitigar futuras reducciones del trasvase, pero la falta de la infraestructura que debería facilitar esta conexión enturbia el futuro del regadío en Lorca.

La combinación de la reducción de aguas subterráneas, los recortes en el trasvase y la falta de conexiones necesarias presenta un panorama sombrío para los agricultores. Marín no dudó en calificar este escenario como “apocalíptico” y enfatizó la grave injusticia que supondría “cercenar” un recurso vital que ha brindado seguridad y prosperidad a la comarca.

Marín también reflejó una profunda preocupación por la vulnerabilidad que enfrenta el sector agrario frente a las decisiones políticas actuales, enfatizando la necesidad del trasvase como un recurso “irrenunciable” para los murcianos. Además, advirtió que, de no cambiar el rumbo de las políticas hídricas, es probable que vivamos una “crisis alimentaria” en un futuro inmediato.

Durante el turno de intervenciones, los representantes de los diversos grupos parlamentarios mostraron posturas variadas. El socialista Fernando Moreno tuvo un acercamiento conciliador, manifestando que comparte varios de los puntos expuestos por Marín y reafirmando la postura del PSOE sobre la importancia del trasvase.

Al mismo tiempo, el diputado de Vox, Antonio Martínez, definió la situación del trasvase como una “tragedia” causada por decisiones políticas, mientras que el representante del Grupo Mixto, José Luis Álvarez-Castellanos, instó a una revaluación del modelo agrícola basado en una dependencia de recursos que pueden no ser sostenibles en el tiempo.

Por su parte, Jesús Cano del PP, situó la comparecencia en un “momento crítico”, acusando al Gobierno de Pedro Sánchez de querer clausurar el Tajo-Segura, lo que podría acarrear consecuencias devastadoras para la economía regional si no se ofrecen alternativas viables. En esta línea, Cano subrayó la urgencia de tomar medidas que aseguren la viabilidad del sector agrario en los próximos años.