• sábado 10 de diciembre del 2022
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Anulan la Orden de la Consejería que autoriza el vertido fortuito de red de drenajes del Campo de Cartagena al Mar Menor

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La Sala cree el recurso de Ecologistas en Acción que adujo que, si "es ineludible, no puede ser objeto de autorización"

MURCIA, 13 Jun.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJMU) ha anulado la Orden de la Consejería de Agua por la que se concedía a la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) autorización para el vertido fortuito de la tierra al mar en la explotación del sistema de drenajes del Campo de Cartagena y bombeos de El Albujón, Los Narejos y El Mojón, "por no ser de conformidad con derecho", detallaron fuentes judiciales en un aviso.

En una sentencia notificada este lunes, las magistradas estiman el recurso contencioso administrativo interpuesto por la asociación Ecologistas en Acción de la Región de Murcia contra la Orden de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente de 7 de septiembre de 2020, desestimatoria del recurso de alzada elaborado contra resolución de la Dirección General de Medio Ambiente de 8 de abril de 2020.

Así, comprenden que el vertido para el que se obtuvo autorización no precisaba de ésta, puesto que, como adujo la parte actora, si hablamos de un vertido fortuito "es ineludible" y "no puede ser objeto de autorización".

En la situacion enjuiciado, la CHS solicitó autorización sectorial ambiental "para vertido fortuito tierra-mar" en base al producto 22 del Decreto Ley 2/2019 de Protección Integral del Mar Menor, para las estaciones de bombeo de El Albujón y Los Narejos, "en el caso de parada técnica o incidencias en la aptitud de laminación de semejantes instalaciones".

Explica la resolución que, como se desprende de la memoria técnica aportada por la CHS, las aguas que se verterían al mar serían las que vienen de la red de drenajes del Campo de Cartagena y las aguas superficiales de las ramblas de El Albujón y Miranda, "el vertido de aguas captadas del subsuelo y que son conducidas, por medio de la sistema de red de drenajes del Campo de Cartagena y bombeos de El Albujón, Los Narejos y El Mojón, hasta el canal del trasvase del Campo de Cartagena".

En cuanto a los caudales máximos a evacuar, "se advertía que no se tienen la posibilidad de cuantificar de forma precisa", ya que el agua que capta la red de drenajes cambia dependiendo de la época del año, según sea la carga del acuífero. No obstante, como orden de intensidad se adoptaba "el caudal que dejaría de subir las bombas verticales que elevan el agua captada a los depósitos de las instalaciones, para después ser impulsadas hacia el canal del postrasvase Tajo-Segura"

Centrada de esta manera la naturaleza de las aguas, "y sin perjuicio de que esporádicamente en los vertidos tengan la posibilidad de incluirse aguas que proceden de lluvia, o sea, de escorrentías", trata de dilucidar si ese vertido fortuito de aguas freáticas, no pluviales, tiene encaje en la regla aplicada por la Administración. Aclarando, sin embargo, que "lo que procede investigar no es si las instalaciones para las que se solicita autorización de vertido son o no correctas, adecuadas o precisaban de Declaración de Impacto Ambiental (DIA), sino más bien si esa autorización es de conformidad con derecho".

La sentencia enseña que el producto 21 del Decreto prohibía, con carácter general, los vertidos desde tierra al Mar Menor de cualquier clase o naturaleza, excluyendo únicamente los de aguas pluviales y evacuación de aguas freáticas mediante conducciones de desagüe, solo en el momento en que "no permanezca opción alternativa técnica, económica y ambientalmente posible para su supresión por otros medios". Asimismo, en el producto 22 regulaba los vertidos de aguas pluviales y demandaba "autorización de la Consejería", según con la Ley de Costas, con la salvedad de los vertidos que se generen de forma casual". Y, al final, el producto 23 regulaba los vertidos de aguas freáticas, "no contemplando los vertidos casuales".

"Por consiguiente, de conformidad con la regla de app, no procedía la autorización de vertido fortuito tierra-mar de aguas freática", ha concluido la Sala.

No ignora la Sala que la Ley 4/2021, de 16 de septiembre, ha cambiado los productos 21, 22 y 23, según se muestra en su Preámbulo, por ser preciso "impulsar aún mucho más las medidas de protección del Mar Menor", teniendo en cuenta "primordial la continua supervisión de las distintas clases de vertido que le llegan".

No obstante, como añade la resolución, "la autorización que aquí se impugna tampoco sería acorde con las determinaciones de la Ley 3/2020, en su redacción vigente tras la modificación, ya que no se aceptan vertidos de aguas freáticas, con carácter general, alén de tres años desde su entrada en vigor, o sea, que la fecha límites sería el día 2 de agosto de 2023, al paso que en el presente caso la autorización se ha concedido por un período de 4 años, esto es, hasta 8 de abril de 2024".

Según aclara la sentencia, no es objeto del presente recurso si a través de esta infraestructura no se consigue el propósito de vertido cero al Mar Menor, "pero en ningún caso cabe la autorización de vertidos con fundamento en esa causa", ya que además de esto "no cabe confundir vertido fortuito con vertido ineludible por no existir otra solución técnica, económica o ambientalmente posible".

En consecuencia, la autorización ambiental sectorial brindada no es de conformidad con derecho, ya que no se encontraba sosprechado en la regla aplicada por la Administración ese vertido fortuito. "Con esa autorización se transformó lo que había de ser inusual --parada técnica, fallo-- en una autorización regular a lo largo de 4 años de vertidos al Mar Menor toda vez que se generaran semejantes situaciones que, aparentemente, -y según se desprende del expediente administrativo-no tienen ese carácter de excepcionalidad".

"No debiendo descuidarse, como se ha expuesto, que el ahínco de las Administraciones implicadas se enfoca hoy en dia en el emprendimiento vertido cero al Mar Menor", ha concluido la sentencia, que, al no ser estable, es susceptible de un recurso de casación frente a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

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