Aprobada la petición unánime para que la Guardia Civil sea considerada profesión de riesgo
La Asamblea Regional de Murcia ha ratificado por unanimidad una moción que exige al Gobierno central reconocer a la Guardia Civil como profesión de riesgo. La iniciativa, impulsada por el Grupo Popular, busca poner fin a una discriminación que afecta a los agentes en comparación con otros cuerpos policiales autonómicos y locales, que sí disfrutan de este reconocimiento.
El debate político en la Cámara autonómica ha puesto en evidencia diferencias en la percepción del riesgo y las condiciones laborales de los agentes. El texto pide también equiparar las condiciones de jubilación y retribuciones con otros cuerpos de seguridad, así como eliminar la división entre cuerpos de primera y segunda categoría.
Este pronunciamiento responde a una realidad que afecta a numerosos agentes en zonas de alta peligrosidad, como Algeciras, donde un 25% ha solicitado traslados por falta de protección adecuada. La moción refleja también la inquietud por las carencias materiales y la necesidad de reforzar las plantillas de la Guardia Civil en la región.
Desde el contexto político, la iniciativa se enmarca en una estrategia de reivindicación de las Fuerzas de Seguridad, en un momento en que la seguridad pública y la protección social adquieren mayor relevancia. La oposición, aunque apoya la medida, ha recordado que el Gobierno central ha aumentado las recursos y salarios en los últimos años, mientras que el PP señala que las condiciones siguen siendo insuficientes y desigual.
Por su parte, Vox ha propuesto que la declaración de apoyo sea formalizada como un posicionamiento institucional, resaltando la importancia de la Guardia Civil en el mantenimiento del orden constitucional. La propuesta también incluye la reclamación de mayor dotación de personal y recursos para los bomberos del CEIS en Alcantarilla.
De cara al futuro, la aceptación unánime en la Asamblea abre la puerta a una mayor presión sobre las instituciones nacionales para que reconozcan oficialmente el carácter de riesgo de la profesión. La decisión también puede influir en futuras negociaciones sobre condiciones laborales y protección de los agentes en toda España.