Recientemente, la Asamblea Regional de Murcia ha autorizado una propuesta que busca la implementación de un plan de emergencia para resolver la crisis del sistema de dependencia en la comunidad. Esto se debe a que la región ha registrado un tiempo de espera de hasta 563 días para las valoraciones y 242 días para la concesión de prestaciones.

La propuesta, respaldada por el Grupo Mixto, recibió el apoyo del PSOE y Vox, mientras que el Partido Popular se opuso. Esta situación ha llevado a que muchos acusen al sistema de no satisfacer adecuadamente las necesidades de los ciudadanos que requieren asistencia.

José Luis Álvarez-Castellanos, diputado del Grupo Mixto, expresó su preocupación al señalar que Murcia es la comunidad autónoma que más tiempo tarda en cumplir con las normativas de dependencia. Denunció el fenómeno de la "lista limbo", donde miles de personas han visto reconocido su derecho a asistencia y, sin embargo, no han recibido la ayuda necesaria.

Este año, Álvarez-Castellanos indicó que 1.394 personas han sucumbido en esa lista de espera, lo que equivale a casi cuatro muertes diarias. Atribuyó esta crisis a la falta de recursos en los Equipos de Valoración y la carencia de personal en los servicios sociales, quienes están obligados a elaborar informes sin contar con los refuerzos necesarios, a pesar del creciente número de expedientes a procesar.

El plan aprobado sugiere un aumento en la cantidad de equipos de valoración, así como la financiación de refuerzos en los ayuntamientos, y propone unificar el proceso de determinación de grado y la asignación de prestaciones, siguiendo un modelo que ya fue establecido en Castilla y León.

María Marín, otra representante del Grupo Mixto, respaldó esta iniciativa y calificó la situación de "vergonzosa", señalando que más de mil personas mueren anualmente en espera de asistencia. También criticó la falta de claridad de la Comunidad en cuanto al uso de los fondos estatales destinados a la dependencia y subrayó que el compromiso del gobierno es insuficiente mientras haya personas que necesiten atención y mueren sin ella.

Desde el PSOE, la diputada Toñi Abenza defendió que esta medida es esencial para corregir la situación, aclarando que la Ley de Dependencia no establece un reparto equitativo del 50% entre el Estado y las comunidades, y que por lo tanto no puede utilizarse ese argumento para justificar las demoras.

Por parte de Vox, María José Ruiz se unió a la moción señalando que el sistema ha alcanzado un estado de colapso, caracterizándose por su lentitud y crueldad. Reveló que 16.348 personas aún esperan una respuesta y mencionó que varios murcianos han fallecido cada día sin haber recibido la prestación correspondiente.

El PP, a través de Miguel Ángel Miralles, expresó su desacuerdo, argumentando que la responsabilidad recae en el Gobierno central por la tardanza en transferir los fondos necesarios. Miralles afirmó que las ayudas estatales llegaron en noviembre, complicando la contratación de nuevos valoradores, y resaltó que la Comunidad ha aumentado su inversión en ayuda para cuidados familiares.

Durante la misma sesión, se aprobó una moción del PP que urge al Gobierno central a comenzar la planificación y construcción de un nuevo cuartel de la Guardia Civil en Cartagena, además de aclarar el uso de casi 32 millones de euros destinados a la demolición y reconstrucción de las instalaciones.

María Casajús, del PP, criticó los retrasos acumulados desde el inicio de la demolición, que se inició el 27 de agosto de 2023. Además, destacó que los agentes están trabajando en situaciones muy por debajo de lo que merecen, debido a la falta de un plan claro tras el derribo total del antiguo cuartel.

Cabe recordar que el plan inicial se ha convertido en un proyecto desorganizado, y los recursos disponibles como parte del Plan de Infraestructuras 2023-2028 ignoran las necesidades de Cartagena, según la diputada.

En este sentido, Casajús enumeró las promesas incumplidas relacionadas con la reconstrucción del cuartel. A pesar de la falta de claridad sobre el uso de los fondos, el PSOE, Vox y el Grupo Mixto dieron su apoyo a la moción.

Fernando Moreno del PSOE, criticó al PP por basarse en rumores infundados, pero reiteró que la renovación del cuartel es fundamental y que pronto habrá noticias al respecto. Desde Vox, Alberto Garre advirtió que el proyecto no ha evolucionado según lo esperado, pidiendo unidad en torno a la Guardia Civil.

Además, el pleno aprobó una solicitud al Gobierno de España para que reconsidere el acuerdo comercial entre la Comisión Europea y Marruecos, debido al impacto negativo que ha traído a los agricultores de Murcia, impulsada por el PP.

El diputado Jesús Cano destacó que las importaciones agrícolas desde Marruecos han incrementado significativamente, mientras que las exportaciones españolas han caído drásticamente. Denunció que este acuerdo favorece a Marruecos por permitirle operar bajo normativas laborales y ambientales más laxas, exigiendo cláusulas de salvaguarda y controles mayores en frontera.

Asimismo, Cano pidió que los productos provenientes del Sáhara Occidental sean excluidos del acuerdo para proteger el campo murciano. Vox optó por la abstención, considerando insuficiente la atención al Sáhara, mientras que PSOE y el Grupo Mixto se opusieron.

Los socialistas defendieron que el acuerdo se ajusta a una sentencia europea y que el Gobierno ha demostrado su compromiso con el sector agrícola, mientras que el Grupo Mixto acusó al PP de enfocarse exclusivamente en Marruecos, pese a haber apoyado otros tratados que podrían perjudicar a la agricultura familiar.

En la sesión también se desestimó una propuesta del PSOE para reforzar la atención primaria; María Soledad Sánchez expresó preocupación por el constante deterioro en este ámbito y denunció la tardanza en la asignación de citas médicos.

El PP, en contraste, aseguró que un alto porcentaje de usuarios logra atención en un plazo de cuatro días, culpando la escasez de médicos de la situación actual a problemas a nivel estatal. Vox reclamó que se cumplan los términos de la estrategia regional 2023-2026, mientras que el Grupo Mixto pidió un análisis exhaustivo de los progresos realizados hasta ahora.

También se discutió una iniciativa de Vox sobre la vivienda, que propone recuperar deducciones fiscales para la compra y alquiler, además de reducir impuestos, argumentando que los jóvenes necesitan ahorrar exorbitantes sumas para acceder a una hipoteca.

El PSOE se mostró a favor de medidas más específicas y el PP criticó a Vox por presentar una propuesta común, recordando que esta misma fuerza ha colaborado con PSOE y Podemos para bloquear el decreto sobre 25.000 viviendas asequibles en la región.

Finalmente, se abordó una moción de Vox respecto a la inmigración, que también fue rechazada. Virginia Martínez, diputada de Vox, solicitó un informe sobre los costos de la inmigración irregular y sugirió que hay una asociación entre inmigración y criminalidad, además de pedir la "remigración" de ciertos grupos.

El PSOE rebatió que ese término proviene de ideologías extremistas y defendió la contribución económica de la inmigración. El PP planteó la necesidad de una política de inmigración que sea "ordenada, legal y humana", y el Grupo Mixto tildó la moción de Vox de "racista" y "desinformativa".