La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha iniciado el proceso para aprobar el presupuesto municipal, con la intención de concretarlo antes de finalizar el año. La decisión busca avanzar en la tramitación de lo que serán los terceros presupuestos de la legislatura, después de esperar que el Gobierno de España presentara sus propias cuentas, lo cual es crucial para conocer las transferencias que recibirán los municipios.

Arroyo ha enfatizado la importancia de este paso, calificado como "fundamental". Según ella, se busca cumplir a cabalidad con el programa de gobierno, del cual ya se ha ejecutado aproximadamente el 60%. Ha detallado que el 30% de los objetivos está en marcha, mientras que solo un 10% permanece pendiente, como indicaron fuentes del Ayuntamiento en un comunicado oficial.

En este año, el Ayuntamiento ha implementado ordenanzas fiscales que incluyen medidas como la congelación del IBI, incentivos para fomentar la creación de empleo y atraer inversiones, así como bonificaciones para autónomos y exenciones fiscales para nuevos negocios. Además, se han puesto en marcha políticas sociales, como la gratuidad en escuelas infantiles.

Desde julio, el gobierno local ha adelantado la propuesta de las ordenanzas fiscales, mientras que diversas concejalías han colaborado con el Área de Hacienda para ajustar sus presupuestos de acuerdo a los compromisos establecidos en el programa de gobierno. Hasta el momento, todos los departamentos han preparado borradores presupuestarios en consonancia con las metas propuestas por el ejecutivo local.

Con las instrucciones de la alcaldesa en marcha, se está ultimando la revisión de los borradores para elaborar el documento final del presupuesto municipal. Se espera que esta propuesta se presente a la Junta de Gobierno Local en las próximas semanas, así como los presupuestos de los organismos municipales, con el objetivo de llevarlos a debate y aprobación en el Pleno del Ayuntamiento en diciembre.

Asimismo, el gobierno municipal tiene previsto presentar en el Pleno de noviembre una iniciativa que pide al Gobierno central que reconsideren la decisión de hacer que los ciudadanos asuman un aumento del 17% en la tasa de recogida y tratamiento de residuos que se trasladará a los vecinos.

Arroyo ha señalado que cuando un ayuntamiento elabora su presupuesto sin tener claros los Presupuestos Generales del Estado, se genera incertidumbre sobre las transferencias estatales, lo que complica la estimación de ingresos y obliga a considerar alternativas. Esta situación puede dificultar el ajuste del gasto y el cumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.