En la Región de Murcia, el alarmante 46% de los individuos que habitan en viviendas de alquiler a precio de mercado se encuentra en situación de riesgo de pobreza. Esta preocupante afirmación fue realizada por Jesús Martínez-Pujalte, director de Cáritas Región de Murcia, durante su intervención ante la Comisión Especial de Estudio sobre Infancia y Adolescencia en la Asamblea Regional.

Martínez-Pujalte enfatizó que el acceso a una vivienda digna se ha trasformado en "el cuello de botella de la integración social", señalando cómo este factor actúa como uno de los mayores impulsores de la exclusión social. El orador destacó que un 23% de la población de Murcia presenta características de exclusión residencial, en un contexto marcado por un incremento desproporcionado en los precios de compra y alquiler en comparación con los ingresos de los ciudadanos.

Con cifras concretas, el director de Cáritas explicó que entre 2018 y 2024, el precio de las viviendas en la región ha aumentado un 35%, alcanzando un 54% en el caso de la obra nueva y un 33% en el mercado de segunda mano. Por otro lado, los alquileres han visto un incremento del 25% en el mismo lapso, lo que agrava aún más la situación económica de los inquilinos.

Martínez-Pujalte expresó sin rodeos que "la vivienda se ha convertido en un falso derecho" y, al detallar estos recursos, los enmarcó en un contexto de pobreza infantil y exclusión estructural cada vez más preocupante. Según sus palabras, cerca de 140.000 niños y adolescentes en Murcia viven por debajo del umbral de la pobreza, lo que convierte a la región en la comunidad con la mayor tasa de pobreza infantil de España, estimada en un alarmante 44% según el indicador AROPE.

El director de Cáritas no dudó en señalar que "cada estadística representa a un niño que enfrenta la falta de comida, que reside en un hogar sin calefacción o que es incapaz de participar en actividades extracurriculares por el costo que esto implica". Además, enfatizó que la exclusión social tiende a perpetuarse, afirmando que nacer en un entorno desfavorecido duplica las posibilidades de seguir viviendo en la pobreza en la adultez.

Actualmente, la organización Cáritas ofrece apoyo a 2.300 menores en la región, principalmente a través de programas de refuerzo escolar y desarrollo integral, lo que incluye igualmente la atención a sus familias. En total, la entidad ha brindado asistencia a 83.325 personas, muchos de los cuales son hogares con más del 50% de sus miembros son hijos menores y cerca del 37% componen familias monoparentales lideradas por mujeres.

El problema de la juventud es otro de los puntos críticos que Martínez-Pujalte subrayó, ya que se encuentra condicionado por una inestabilidad en el mercado laboral y por el elevado costo de la vivienda, lo que retrasa el proceso de emancipación y crea una "transición a la adultez que es larga y frágil".

En su evaluación, advirtió que unas 400.000 personas en la Región, es decir, el 26% de la población, están en riesgo de pobreza o exclusión social, cifra que supera la media nacional. Además, la tasa de pobreza se ha mantenido por encima del 24% desde 2018, lo que indica una cronicidad en este fenómeno que no debe pasarse por alto.

Frente a este panorama, Martínez-Pujalte instó a la creación de un Pacto Regional por la Infancia que priorice a los menores en las políticas públicas y pidió a los partidos políticos que aumenten los recursos destinados a combatir la exclusión, advirtiendo que "una sociedad que condena a su infancia a la pobreza está hipotecando su futuro".

Desde el ámbito político, la diputada del PSOE, Toñi Abenza, expresó su agradecimiento por la intervención realizada, calificándola de "rigurosa y cargada de emoción", resaltando la naturaleza crónica y estructural de la pobreza infantil en la Región. Señaló que "detrás de cada cifra hay un rostro humano" y formuló preguntas sobre el perfil actual de las familias atendidas, el impacto en los menores y la efectividad de programas como el Ingreso Mínimo Vital.

Por su parte, Ignacio Arcas de Vox coincidió en la observación de que "el ascensor social está averiado", aunque subrayó que el eje del problema no es la desigualdad, sino la pobreza en sí misma. Cuestionó la efectividad del conocido "escudo social" y expresó su preocupación de que el actual modelo de subsidios fomente una dependencia que podría recargarse sobre las generaciones futuras, señalando que "vemos trabajadores que, a pesar de tener empleo, no logran llegar a fin de mes".

María Marín, diputada de la coalición Podemos-Izquierda Unida Verdes-Alianza Verde, describió la intervención como "uno de los discursos más honestos y rigurosos" que se han escuchado en la Cámara. Se mostró conmovida por el hecho de que la juventud se ha visto atrapada en una prolongada vulnerabilidad social. A su juicio, las altas tasas de pobreza infantil en la Región son el reflejo de "un modelo estructural que perpetúa la transmisión intergeneracional de la pobreza".

Por último, Maruja Pelegrín del PP reconoció la necesidad de abordar y cambiar las tasas de pobreza, compartiendo que se está trabajando en una ley de atención integral a la infancia. Además, destacó que España posee la tasa de pobreza infantil más alta de la Unión Europea, lo que exige una respuesta a la altura de la gravedad de la situación desde todos los niveles de la administración.