• viernes 3 de febrero del 2023
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CCOO y UGT intimidan con proceder a huelga en el mes de febrero si no hay acuerdo con el Gobierno regional sobre función pública

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MURCIA, 5 Dic.

Las organizaciones sindicales CCOO y UGT han conminado con convocar una huelga general del ámbito de la función pública el mes próximo de febrero si antes no consigue un convenio con el Gobierno regional en relación a la optimización de las condiciones laborales de este colectivo profesional y de la calidad de los servicios públicos.

Así lo hicieron entender los líderes de sendos sindicatos, Santiago Navarro y Antonio Jiménez, en una rueda de prensa ofrecida en el Palacio de San Esteban al lado del asesor de Economía, Hacienda y Administración Digital, Luis Alberto Marín, tras sostener una asamblea con el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras.

En este acercamiento, el Ejecutivo murciano se ha puesto en compromiso a convocar de manera urgente una mesa para la negociación para emprender, al lado de CCOO y UGT, actualizaciones en la función pública, como la reducción de la jornada de trabajo a 35 horas por semana y la reversión de los "recortes" adoptados en 2011 y 2012 y de la paga plus eliminada en 2014.

El acercamiento es fruto del malestar de sendos sindicatos por el acuerdo puntual adoptado por el Ejecutivo regional con el Sindicato Médico CESM y el Sindicato de Enfermería SATSE, que contempla, por ejemplo medidas, la ampliación de los módulos de tarde y el aumento del número de médicos en Atención Principal.

Para Navarro y Jiménez, este acuerdo se adoptó de manera unilateral, sin tomar en consideración a los sindicatos con mayor representación en el colectivo de usados públicos, y piensa una "vulneración" tanto la Constitución Española, como las leyes que regulan la negociación sindical.

Además, han señalado que hablamos de un convenio "ineficaz" que "no se utiliza para recobrar la calidad del sistema público sanitario", que no acomete actualizaciones organizativas en relación a la supresión de cargas o reducción de listas de espera, al centrarse solo en "presiones económicas", y que, además de esto, excluye a conjuntos expertos que quedan "completamente olvidados" por la Administración.

Los 2 líderes sindicales han señalado que los inconvenientes del sistema sanitario público se extrapolan a otros servicios, entre aquéllos que ha mencionado la educación pública o el Instituto Murciano de Acción Social (IMAS), donde, conforme han comentado, es requisito aumentar la plantilla.

Tanto Navarro como Jiménez han adelantado que aguardan del Ejecutivo de la Región "compromisos indudables" en pos de los usados públicos y una intención tendente a revertir los recortes. No obstante, han adelantado que CCOO y UGT seguirán con sus movilizaciones y que la próxima va a tener rincón el 12 de diciembre en oposición al Palacio de San Esteban.

Por su parte, el asesor Luis Alberto Marín ha calificado de "fructífero" el acercamiento y expresó la intención y el deber de su gobierno por progresar las condiciones de los usados públicos de la Región de Murcia.

Tras tildar de "bueno" el acuerdo alcanzado por la Consejería de Salud con CESM y SATSE, se mostró "completamente permeable" a oír y hablar con CCOO y UGT. Por ello, ha señalado la relevancia de hacer, "tan rápido como resulte posible", la mesa negociadora.

Respecto a si el Gobierno regional contempla ingresar en los Presupuestos de la Comunidad para 2023 ciertas proposiciones de sendos sindicatos, Marín ha insistido en que estas cuentas dedican el 82% de los elementos a "acorazar" el estado del confort --educación, sanidad y políticas sociales--, al paso que ha recordado que esta es la autonomía "peor sustentada económicamente" del país, con una medida de 650 millones de euros menos que la media nacional.

Pese a estas "restricciones presupuestarias", el asesor ha emplazado a los sindicatos a negociar en la mesa de trabajo, para estudiar las reivindicaciones de las fuerzas sindicales.

"Existe predisposición y también interés del Gobierno de la Región de Murcia por proseguir haciendo un trabajo al lado de los sindicatos, y apostando por el confort de nuestros usados públicos", dijo el titular de Economía, quien ha recordado que "entre 2019 y 2023, el presupuesto para la Sanidad se ha aumentado en 453 millones, y únicamente este año, el presupuesto de la Consejería de Salud es 160 millones superior al del año pasado".

Por ello, el asesor ha subrayado que "nos encontramos centrados en proseguir progresando el estado de la sanidad regional y las condiciones de trabajo de nuestros sanitarios", y en esa labor "somos permeables a cualquier aportación", ha concluido.

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