Ciudadanos exigen al Gobierno que honre su promesa de financiar la mitad del sistema de dependencia.

En Murcia, el 24 de marzo, la consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, ha exigido al Gobierno de España que "cumpla con su deber" en relación con la financiación del sistema de dependencia, solicitando que se respete el compromiso de cubrir el 50 por ciento del costo.

En su intervención durante la Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado, Ruiz recordó que el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, había prometido una contribución de la mitad de los gastos, sin embargo, en la actualidad, la aportación del Gobierno central apenas alcanza el 25 por ciento.

La consejera subrayó el “esfuerzo” que está realizando el Gobierno regional para fortalecer un sistema que enfrenta crecientes presiones, derivadas del envejecimiento poblacional y de una demanda en aumento, todo esto en un contexto de insuficiencia financiera.

Según Ruiz, la deuda del Estado con la Región desde 2018 supera los 600 millones de euros, una cantidad que podría haber permitido la creación de más de 4.700 plazas para la atención residencial de nuestros mayores.

En la Comunidad Autónoma, el costo promedio por persona dependiente se sitúa en 7.448 euros, de los cuales el Estado solo cubre 1.862. Esto es especialmente relevante dado que la ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia establece un modelo de financiación que debería ser compartido entre el Estado y las comunidades.

Además, Ruiz puso de manifiesto que los esfuerzos presupuestarios de la Región de Murcia han permitido reducir las listas de espera, aumentar las prestaciones y mejorar la atención a las personas, a pesar de las dificultades derivadas de la infrafinanciación que actualmente enfrenta. Esta situación genera una brecha significativa, superior a los 1.000 euros, entre lo que recibe un ciudadano de Muricia en comparación con habitantes de comunidades mejor financiadas.

La consejera también recordó que el Gobierno central está planteando una nueva reforma de la Ley de Dependencia y Discapacidad sin dotación económica adecuada.

Ante esto, Ruiz reclama una “cooperación institucional” que prevenga la transferencia de responsabilidades a las comunidades autónomas, ya que son estas las que deben afrontar, en soledad, el aumento de los gastos relacionados con la dependencia, en un marco de presupuestos prorrogados que no reflejan los incrementos en los costos.