Comunidad y sindicatos acuerdan reducción de jornada en la Administración regional.
El Gobierno regional de la Comunidad de Murcia ha aprobado en su reunión de la Mesa General de Negociación de la Función Pública un acuerdo para recuperar los derechos del personal empleado público. Este acuerdo incluye la implantación de una jornada laboral de 35 horas semanales en la Administración regional, según han informado fuentes del Gobierno en una nota de prensa.
El preacuerdo, alcanzado el pasado lunes entre el Gobierno regional y las organizaciones sindicales FSES, CCOO, CESM, UGT y CSIF, ha sido ratificado después de culminar el proceso de negociación. Este acuerdo, el cual es fruto del diálogo social para mejorar las condiciones de trabajo y la prestación de servicios públicos, establece la implantación de la jornada ordinaria semanal de 35 horas en la Administración regional a partir de enero de 2024.
En el caso del personal docente de enseñanza no universitaria, se aplicará la reducción de una hora lectiva en septiembre de 2023, y a partir de enero de 2024 la reducción será de una hora lectiva y de una hora y media no lectiva. Finalmente, a partir de septiembre de 2024, la reducción quedará fijada en un total de dos horas lectivas y media hora no lectiva, hasta alcanzar el horario lectivo de 23 horas semanales para el profesorado que imparte enseñanzas de Educación Infantil y Primaria, y de 18 horas semanales del profesorado que imparte el resto de enseñanzas.
Además de esta medida, el acuerdo establece otras medidas como la relativa a la carrera profesional, la consolidación de grado para el personal interino, planes de igualdad, medidas de prevención o teletrabajo. Todas estas mejoras se seguirán desarrollando en grupos de trabajo de la Comunidad Autónoma con los sindicatos contribuirán al incremento de la calidad de la prestación de los servicios públicos que recibe la ciudadanía.
El texto del acuerdo, que tendrá que ser ratificado por el Consejo de Gobierno, tiene como fin recuperar los derechos del personal empleado público, para garantizar una mejora en la calidad de los servicios públicos prestados y garantizar que se lleven a cabo con la mayor eficiencia posible.