CROEM aboga por acelerar la cuarta ley de simplificación en la Asamblea para reducir cargas.
El presidente de la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (CROEM), Miguel López Abad, ha presentado este martes una firme defensa de la cuarta ley destinada a simplificar la burocracia administrativa. Durante su intervención ante la Comisión de Política Territorial, Medio Ambiente, Agricultura y Agua, enfatizó la importancia de eliminar cargas burocráticas, reducir plazos y modernizar las instituciones para mejorar la competitividad y fomentar la creación de empleo en la Región.
López Abad argumentó que la dilatación de trámites administrativos representa un coste adicional y una merma en las oportunidades de crecimiento económico. "Cada día que pasa sin la eliminación de trámites innecesarios se traduce en un mayor obstáculo para nuestras empresas", declaró en la audiencia legislativa sobre el Proyecto de Ley.
Al abordar su presentación, situó el debate en un contexto global caracterizado por una gran incertidumbre geopolítica y mercados cada vez más complejos. El presidente de CROEM destacó que la organización que representa, que abarca a más de 140,000 empresas y autónomos, ha colaborado con distintas asociaciones sectoriales para detectar puntos críticos en la administración regional que necesitan ser reformados.
El representante empresarial subrayó la necesidad de simplificar los procesos sin infringir las normas europeas o estatales, enfatizando que mejorar los plazos y facilitar las inversiones es esencial para una región que busca salir de su histórico déficit de financiación. López Abad recordó que, a pesar de las dificultades, la Región logró crear empleo en agosto, contraviniendo la tendencia a nivel nacional.
Además, el presidente de CROEM abogó por una "confianza legítima" hacia la actuación empresarial y solicitó que los procedimientos no se conviertan en un laberinto de hasta veinte pasos para modernizar o expandir actividades. Esta confianza puede ser un motor para el crecimiento económico sostenible.
López Abad también anunció que CROEM implementará un plan formativo para dar a conocer la nueva ley en localidades como Cartagena, Caravaca, Lorca y Yecla. En colaboración con la Consejería de Empresa, se capacitará a los funcionarios públicos a través de ejemplos prácticos y se propondrá la creación de una comisión de seguimiento para garantizar el cumplimiento efectivo de la norma. "Apoyaremos cualquier mejora técnica que no interfiera con las normativas superiores", agregó.
Por su parte, Virginia Martínez de Vox mostró su apoyo al concepto de simplificación, considerándolo vital para los emprendedores y las empresas. Sugerió que por cada nueva ley se deberían abolir al menos dos o tres normas existentes, y expresó inquietud por el hecho de que esta sea la séptima ley de simplificación. Demandó que la implementación sea efectiva, con una capacitación adecuada y una evaluación constante de los resultados.
Desde el Grupo Mixto, María Marín (Podemos) mostró su descontento con la orientación del proyecto, considerándolo diseñado para favorecer a grandes promotores inmobiliarios y multinacionales, en detrimento de los intereses de la clase trabajadora. Reclamó, entre otras cosas, un aumento del salario mínimo.
Finalmente, la diputada del PP, María Casajús, defendió la propuesta por su potencial impacto positivo en la economía regional y el tejido productivo. Resaltó que la decisión inicial del Gobierno de tramitar esta cuestión a través de decreto ley fue una respuesta rápida a la demanda social, aunque finalmente se decidió canalizarla por vía parlamentaria. La diputada afirmó que esta nueva ley se basa en aprendizajes pasados y propone soluciones a los problemas detectados en la normativa anterior, destacando la doctrina de la "confianza legítima" como fundamentada en el marco europeo.