El fiscal se opone a la suspensión de la pena para tres de los condenados, pero muestra conformidad en otros tres casos
MURCIA, 7 Oct.
La Audiencia Provincial de Murcia ha decidido suspender la pena de entrada en prisión para cuatro de los siete empresarios condenados por mantener relaciones sexuales con menores a cambio de dinero.
La decisión fue comunicada de forma oral a los condenados durante la vista celebrada en el Palacio de Justicia de Murcia. El fiscal, José Francisco Sánchez Lucerga, se mostró en desacuerdo con la suspensión para uno de los condenados con la pena más alta, J.C.A., así como para una de las 'madames', R.D.T., y uno de los 'taxistas' involucrados.
Por otro lado, el fiscal apoyó la suspensión de la pena para otros tres empresarios condenados a penas menores por delitos de prostitución de menores.
Uno de los condenados, de 90 años, ya había tenido la pena suspendida previamente. Quedan seis condenados por comparecer, cinco de ellos citados para el 8 de octubre y uno para el 14 de octubre.
El fiscal se opuso a la suspensión de la pena para J.C.A. debido a la gravedad de los delitos cometidos y la reiteración de los mismos. Sin embargo, la Sala decidió suspender la pena provisionalmente debido a dilaciones indebidas en el proceso y que la pena acumulada no supera los dos años de cárcel.
La suspensión de la pena para J.C.A. está condicionada a cumplir ciertos requisitos como la prohibición de acercarse a las víctimas, no cometer delitos durante cuatro años y seguir un programa de reeducación sexual.
El fiscal también se opuso a la suspensión para R.D.T. y M.D.T., al considerar que eran piezas clave en la red de prostitución de menores. Sin embargo, la Sala decidió suspender la pena para M.D.T. al ser inferior a dos años de cárcel.
El fiscal anunció que recurrirá la decisión de suspender la pena, por lo que el fallo no es firme. Por otro lado, mostró conformidad en la suspensión de la pena para J.A.A.L., A.G.P. y J.J.A., quienes cumplieron con los requisitos impuestos para la suspensión de la pena.
En todos los casos se ha establecido como condición para la suspensión de la pena no cometer nuevos delitos, mantenerse alejados de las víctimas y seguir un programa de reeducación conductual en materia de sexualidad.
Durante la audiencia, A.G.P. expresó tener 81 años y que su esposa sufre de alzheimer, lamentando profundamente su participación en los hechos condenados.
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