José Ramón Blázquez, presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Región de Murcia (APIRM), ha expuesto este martes en la Comisión de Política Territorial de la Asamblea Regional la urgencia de optimizar los trámites urbanísticos y reducir la burocracia. Según su perspectiva, estas medidas son cruciales para incrementar la oferta de vivienda en un momento en que la demanda supera con creces a la disponibilidad.

Durante su intervención en la discusión del Proyecto de Ley de simplificación administrativa, Blázquez aseveró que el acceso a una vivienda se ha convertido en el "principal desafío social actual". Defendió la propuesta legislativa al argumentar que contribuirá a reducir costos, acelerar procesos y ofrecer certeza jurídica a los promotores.

El líder de los promotores inmobiliarios destacó que la gran demanda actual "continúa superando a la oferta", lo que exige una actuación inmediata. Explicó que los procedimientos en el sector urbanístico son muy lentos y que la adopción de nuevas medidas es apremiante.

En su análisis de los obstáculos existentes, Blázquez identificó la redundancia en la entrega de documentación a distintas administraciones como uno de los principales problemas. Asimismo, criticó la acumulación de informes necesarios, que a menudo retrasan el proceso por meses, e instó a que se coordinen los trámites para hacerlos más eficientes.

Según Blázquez, esta discusión se sitúa en un contexto de problemática que abarca todo el país. Afirmó que el impulso de la oferta de vivienda debe ir de la mano con la preservación de estándares ambientales y urbanísticos, asegurando que la simplificación de procesos no implica eliminar controles, sino más bien organizarlos mejor.

Por otro lado, el presidente de APIRM señaló la necesidad de mejorar el acceso a suelo finalista y aumentar la estabilidad regulatoria, para garantizar que los proyectos puedan comenzar en plazos razonables.

Durante el debate, el diputado del PSOE, Alfonso Martínez, expresó el apoyo de su grupo a la iniciativa de agilizar procesos, pero enfatizó la necesidad de contar con suficientes recursos humanos y materiales en la Administración para que esta simplificación no se traduzca en un aumento de la carga laboral para los funcionarios ni en una merma de garantías. Martínez abogó por regular el uso turístico de las propiedades y promover viviendas protegidas.

Desde Vox, Virginia Martínez argumentó que la desregulación es vital para disminuir costos y tiempos, y solicitó que la ley se implemente efectivamente, con revisiones periódicas, recordando que las normativas anteriores no lograron cumplir su objetivo. También pidió la eliminación de informes sectoriales que no aporten valor y acelerar la concesión de licencias para hacer la Región más competitiva en trámites.

En cambio, María Marín del Grupo Mixto (Podemos) criticó el proyecto, considerándolo un documento "a medida de la patronal". Advirtió sobre el peligro de externalizar los controles a entidades privadas y de favorecer usos turísticos en detrimento de la vivienda residencial, lo que podría tener consecuencias negativas para el territorio y el medio ambiente.

Por último, la diputada del PP, María Casajús, defendió la cuarta ley de simplificación como un resultado de la experiencia acumulada, no de la ineficacia. Su objetivo, según ella, es proporcionar agilidad y reducir la burocracia en un entorno caracterizado por la escasez de suelo, trámites prolongados e incertidumbre legal, asegurando a su vez que las evaluaciones ambientales se mantienen y que las competencias de los ayuntamientos en el planeamiento no se ven afectadas.