• martes 06 de diciembre del 2022
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El Consejo de Ministros afirma región desastrosa el área perjudicada por el incendio de Jumilla (Murcia)

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MADRID/MURCIA, 23 Ago.

El área perjudicada por el incendio producido el pasado 13 de agosto en el paraje de La Patoja, en Jumilla (Murcia), fué declarada este martes región perjudicada dificultosamente por urgencias de protección civil (ZAEPC), famosa como región desastrosa, en el marco del Consejo de Ministros.

De este modo, la Región de Murcia está entre las 15 comunidades con áreas declaradas zonas aciagas por los 119 incendios forestales que tuvieron sitio en España desde el 12 de junio.

En preciso, las CCAA perjudicadas son Andalucía, Aragón, Baleares, Canarias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Valencia, Extremadura, Galicia, Región de Murcia, Comunidad Foral de Navarra, País Vasco y La Rioja y la Comunidad de La capital española.

Así lo anunció la representante del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha lamentado los incendios forestales producidos en estas comunidades, unos 120, que han causado la desaparición de hasta tres personas y la evacuación de 27.500 personas de sus hogares.

En todos y cada uno de los casos, estos incendios alcanzaron tal gravedad que las comunidades autónomas perjudicadas se vieron obligadas a encender sus propios proyectos de protección en una situación operativa de escenarios 1 o 2, así como establece el Plan Estatal General de Emergencias (PLEGEM).

"Son incendios con especificaciones distintas a las conocidas hasta la actualidad, debido al cambio climático, como las elevadas temperaturas que vivimos", ha señalado sobre esto Rodríguez, quien ha advertido de que en lo que va de año se vieron perjudicadas mucho más de 200.000 hectáreas en frente de las 50.000 del año pasado.

De este modo, ha instado a "poner todos y cada uno de los mecanismos para trabajar en la prevención y extinción de incendios". "Es instante de echar una mano a las CCAA, ayudar en esa que es su rivalidad y complementar esas ayudas a fin de que los damnificados logren sobrepasar estos instantes", ha añadido.

En este sentido, ha señalado que el acuerdo se utiliza para hacer más ágil la concesión de las ayudas, ya que con la declaración de región aciaga estas se tienen la posibilidad de comenzar a gestionar aun antes de llevar a cabo la opinión de daños. Asimismo, Rodríguez ha recordado que los damnificados "tienen otros mecanismos de los que podrán recibir asistencia sin acogerse a este decreto, como tienen la posibilidad de ser la administración de los seguros agrarios".

En preciso, las medidas de restauración previstas en el acuerdo aprobado este martes, y cuya ejecución corresponde al Ministerio del Interior, son las ayudas por fallecimiento o por incapacidad absoluta y persistente, por un valor de 18.000 euros; por destrucción total de la vivienda frecuente hasta una cuantía máxima de 15.120 euros, por daños que afecten a la composición de la vivienda frecuente, hasta el 50 por ciento de su opinión técnica y con un límite de diez.320 euros, o por daños que no afecten a la composición de la vivienda frecuente, hasta el 50 por ciento de su opinión técnica y con un límite de 5.160 euros.

También se tienen dentro entre estas las ayudas por destrucción o daños en los bartulos familiares de primera necesidad de la vivienda frecuente, para su reposición o reparación, con un límite de 2.580 euros, tal como por daños en elementos recurrentes de empleo general de una red social de dueños en régimen de propiedad horizontal, hasta el 50 por ciento de la opinión técnica realizada por el Consorcio de Compensación de Seguros y con un límite de 9.224 euros. También, las ayudas a personas físicas o jurídicas que hayan efectuado posibilidades personales y de recursos, y a los sucesos de establecimientos industriales, mercantiles y de servicios, hasta 9.224 euros.

El acuerdo asimismo prevé la oportunidad de que se apruebe una exención de las tasas del Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico para repetidos de privilegios de circulación o conducción, tal como bajas de automóviles siniestrados.

Además, el acuerdo prevé la adopción de otras medidas de asistencia, condicionadas a eso que confirmen las órdenes ministeriales dictadas por todos los distintos departamentos eficientes para desarrollarlas. Así, los diferentes ministerios van a poder declarar ciertas zonas de actuación particular, tal como la urgencia de las proyectos primordiales para arreglar los daños ocasionados por alguno de estos siniestros en infraestructuras de titularidad estatal comprendidas en su ámbito de competencias.

Se prevé asimismo la concesión de ayudas por daños en producciones agrícolas, ganaderas, forestales y de acuicultura marina. En cuanto a provecho fiscales, el Ministerio de Hacienda y Función Pública concretará la exención en la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y la reducción en la cuota del Impuesto sobre Actividades Económicas que corresponden a los receptores de estas ayudas, que como es frecuente van a estar exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas las ayudas por daños personales.

Asimismo, los ministerios de Trabajo y Economía Social y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones van a poder desarrollar medidas laborales y de Seguridad Social como bonificaciones y exenciones de cuotas de Seguridad Social.

Además, las entidades locales van a recibir ayudas, por un precio de hasta el 50 por ciento, a los proyectos que ejecuten para arreglar infraestructuras, instalaciones y equipamientos municipales, según ha detallado el Ministerio del Interior en un aviso.

También, ha precisado que en el momento en que se elabore un informe detallado sobre los daños ocasionados por estos incendios forestales y se disponga de una opinión técnica de su cuantía, el Gobierno, en colaboración con las gestiones autonómicas y locales, va a poder llenar este real decreto con la adopción de otras medidas complementarias a las adoptadas por las gestiones territoriales a las que corresponde la rivalidad en temas de protección civil.

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