• martes 28 de marzo del 2023
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El PP critica que el Gobierno de Sánchez "niegue la okupación" pese a su incremento en la Región de Murcia

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MURCIA, diez Dic.

El Partido Popular de la Región de Murcia ha denunciado que "el Gobierno de Sánchez prosigue negando el inconveniente de la okupación, más allá de que en la Región prosigue incrementando", según se desprende de los últimos datos mandados por el Gobierno de España a los miembros del congreso de los diputados del PP en el Congreso de los Diputados.

Concretamente, el 2021 se cerró con 628 hechos populares de okupación ilegal y de enero a agosto del año en curso ahora hay amontonados 447, lo que, en expresiones de la miembro del congreso de los diputados nacional del PP, Isabel Borrego, "piensa un incremento disparatado al que no se le pone freno el Gobierno popular-comunista que, con su política deplorable, han tolerado que la okupación ilegal prosiga medrando".

En este sentido, la parlamentaria ha denunciado "el abandono total al que los dueños están sometidos que sienten desamparados frente a un fenómeno que en ningún caso puede comprenderse como una vía de ingreso a la vivienda, sino más bien como un delito contra la propiedad privada".

Al respecto, ha lamentado que se haya visto, con la negativa a aprobar la Proposición de ley contra la okupación impulsada por el PP en el Congreso de los Diputados, "como la izquierda con su voto en contra cataloga este fenómeno como un derecho natural".

"Mientras que la ministra Montero afirma que el inconveniente de la okupación es inexistente de todos modos es que en España se okupa un a vivienda cada hora", ha insistido Borrego, quien ha remarcado en contra situación para "el PP la propiedad privada es irrenunciable, hay que asegurar y resguardar".

En este sentido, ha reivindicado que "se debe asistir a quienes tienen mucho más adversidades para entrar a una casa, como hace el Gobierno de López Miras, pero jamás invadiendo la propiedad lícita del otro".

Así, ha defendido que "el okupa ha de ser desalojado en 24 h, no debe tener derecho al padrón municipal, no tener protección de residencia frente a una viable actuación de un agente de la autoridad, entre otros muchos", así como recogía la Proposición de Ley tumbada por Pedro Sánchez y sus asociados.

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