El PP denuncia que el Gobierno central adeuda más de 600 millones a la Región de Murcia en financiación de la Dependencia

La senadora del Partido Popular por la Región de Murcia, Antonia López Moya, ha reiterado que el Gobierno de España mantiene una deuda superior a los 600 millones de euros con la comunidad autónoma desde 2018 en concepto de financiación del Sistema de Dependencia. Esta cifra, que representa una parte significativa del presupuesto, podría haber permitido la creación de más de 4.700 plazas residenciales para personas mayores en la región.

Este asunto refleja la creciente tensión política entre la Administración central y las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, que consideran que la financiación estatal es insuficiente para cubrir las necesidades reales del sistema de atención a la dependencia. La postura del Ejecutivo regional se enmarca en un contexto en el que las comunidades autónomas asumen la mayor parte del gasto, con el Estado aportando solo una cuarta parte del coste.

El debate en el Senado se ha centrado en exigir una financiación justa y sostenida, que garantice la prestación de servicios a los dependientes y reconozca el esfuerzo económico que realiza la Región de Murcia. La moción defendida por el PP busca que el Estado financie el 50% del coste total, en línea con los compromisos legales existentes, y que se aborden de forma urgente los déficits estructurales en la financiación del sistema.

Por el contrario, las voces del PSOE en la región rechazaron la iniciativa, argumentando que la propuesta del PP busca politizar un asunto que requiere soluciones de fondo y sostenibles. La discrepancia refleja la división política en torno a la gestión de los recursos públicos destinados a la dependencia, un tema prioritario para el bienestar social y la cohesión territorial.

Además, López Moya criticó que el Gobierno central impulse reformas en el sistema sin aportar recursos adicionales, lo que incrementa la carga económica sobre las comunidades autónomas. La senadora reclamó que se respete la Ley de Promoción de la Autonomía Personal, que establece un modelo de financiación compartida, y que se garantice la igualdad en la atención a los dependientes en todo el país.

Este conflicto se inscribe en un contexto más amplio de tensiones entre el Ejecutivo central y las comunidades del PP, en un momento en que la financiación de servicios sociales y la atención a la dependencia son cuestiones de especial relevancia política. La insuficiencia de recursos y la percepción de desigualdad en el reparto de fondos son elementos que alimentan la discusión sobre la redistribución y la gestión de las competencias autonómicas en materia social.