El Grupo Parlamentario Popular ha registrado una moción para que la futura Ley de Salud contemple medidas de protección para los sanitarios y sanciones específicas para aquellos que los agredan. Esta propuesta será discutida en la próxima sesión del Pleno de la Asamblea Regional, según informaron fuentes del PP.
La iniciativa busca que la legislación establezca sanciones administrativas para aquellos responsables de conductas violentas contra el personal sanitario, incluso en casos de agresiones que no causen daño físico, así como sanciones en casos de daño patrimonial. Además, insta al Consejo de Gobierno de la Comunidad a seguir implementando medidas para garantizar la seguridad de los profesionales de los centros sanitarios.
Recientemente, el sindicato UGT denunció una agresión sufrida por un médico en el Hospital Santa Lucía de Cartagena. Los familiares de un paciente atacaron al facultativo, lo que requirió la intervención de la Policía. Según el diputado regional del PP, Antonio Martínez Pastor, un informe del Ministerio de Sanidad reveló un aumento en el número de agresiones a profesionales de la salud, especialmente en el ámbito de Atención Primaria.
El 77% de las agresiones afectan a mujeres, siendo los médicos, administrativos y enfermeros los más propensos a sufrir ataques en los centros sanitarios. La mayoría de las agresiones son de carácter no físico y suelen ocurrir en consultas. El diputado del PP destaca que aproximadamente el 20% de los agresores son reincidentes.
Para Martínez Pastor, proteger a los profesionales de la salud es fundamental para garantizar un entorno seguro de trabajo en el sector sanitario. Las agresiones al personal del Servicio Nacional de Salud representan un problema significativo que afecta la integridad y bienestar de los trabajadores, lo que disminuye la calidad del sistema sanitario.
El diputado subraya la necesidad de implementar medidas preventivas y brindar protección a los profesionales para combatir la violencia en el lugar de trabajo, que ha provocado renuncias, cambios de domicilio, aumento de burnout y fuga de talento en el sector sanitario. Además, menciona la falta de reconocimiento en el código penal de agresiones no físicas, lo que perpetúa la impunidad y el incremento de casos, lo que contribuye al deterioro del sistema sanitario.
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