• miércoles 8 de febrero del 2023
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El TS desecha la demanda del Scrats contra la modificación de las reglas de explotación del trasvase

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MURCIA, 20 Dic.

El Tribunal Supremo ha desechado el recurso del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats) contra la modificación de las reglas de explotación del Trasvase (Real Decreto 638/2021 de 27 de julio) y le ha culpado a abonar las costas del desarrollo, según la sentencia obtenida por Europa Press.

Cabe rememorar que el Scrats demandó a la Administración General del Estado, a la Asociación de Municipios Ribereños de los Embalses de Entrepeñas y Buendía, a la Plataforma de Toledo en defensa del Tajo, a la Plataforma en defensa de los ríos Tajo y Alberche, al Grupo de Acción para el Medio Ambiente (GRAMA) y a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

En preciso, el Sindicato recurrió la modificación de la Regla de Explotación del Trasvase Tajo-Segura que el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO) publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del 27 de julio de 2021 a través de el RD 638/2021. Los regantes solicitaban su anulación por "no ser de conformidad con derecho".

El Real Decreto, según la publicación del BOE, justificaba que "la combinación de la continuidad de ocasiones hidrológicas inusuales y desfavorable evolución hidrológica de los últimos años hacen preciso cambiar la regla de explotación para corregir la inestabilidad en la administración del trasvase Tajo-Segura, con el propósito de dotar de mayor seguridad interanual a los recursos, achicando la presentación de ocasiones inusuales".

En cambio, el Scrats adujo en su recurso la "inoportunidad" de la modificación aprobada por el Ministerio y negó la urgencia en su tramitación, aseverando la "indebida utilización del Real Decreto-Ley como instrumento normativo para cambiar las reglas de explotación".

Asimismo, el Scrats esgrimió una "falsa motivación" del Real Decreto-Ley y el "incumplimiento de la habilitación legal contenida en la Disposición agregada quinta de la Ley 21/2015", que estableció que la modificación podría efectuarse "con el único propósito de dotar de mayor seguridad interanual a los abastecimientos".

El Sindicato de Regantes asimismo esgrimió en su recurso que la modificación de las reglas de explotación infringía la regla de reparto, según la que el 25% de los volúmenes trasvasados se destinará a abastecimiento y el 75% a regadío, hasta el máximo de sus dotaciones cada un año, asegurando siempre y en todo momento por lo menos 7,5 hm3/mes para los abastecimientos urbanos.

Además, apuntó sobre esto que las manifestaciones de la ministra Teresa Ribera y de su "compañero de partido", el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, probaban "palmariamente" que era "falso que el Real Decreto" se dictase "con la única motivación de dotar de mayor seguridad interanual a los abastecimientos".

A su juicio, "la única real motivación de la reforma es atender reivindicaciones de una red social autónoma regida por exactamente el mismo partido que sosten al Gobierno".

Finalmente, el Scrats consideraba "falso" que el Real Decreto "no
provoque encontronazo económico alguno", y agregaba que la omisión del estudio a este respecto invalidaba la medida "por infringir los principios de necesidad y proporcionalidad".

La Sala del TS decidió desechar el recurso del Scrats al comprender que tuvo ocasión de pronunciarse respecto de la conformidad a derecho del Real Decreto que en este momento es objeto de
impugnación.

De hecho, una sentencia del TS determinó que el Real Decreto era ceñido a derecho tras un recurso anunciado por la Comunidad de Murcia.

"En esa sentencia se rechazaron las alegaciones realizadas por la Comunidad de Murcia que, en lo importante, tienen la posibilidad de considerarse digeribles a ciertas efectuadas por la parte actora en este recurso", ha señalado la Sala.

Para el TS no concurren causas que justifiquen un cambio de método respecto de lo razonado y resuelto en aquella sentencia, con lo que repite de manera expresa la doctrina en ella establecida.

Por ejemplo, el TS repudia la indebida utilización del Real
Decreto-Ley ya que el instrumento normativo empleado fue "un Real Decreto, con las esenciales diferencias que ello comporta".

La Sala asimismo ha rechazado la falsa motivación del cambio en las reglas de explotación en tanto que, a su juicio, "hay una motivación formal que responde al contenido de la regla legal habilitante". Además, comprende que "es razonable y congruente con la verdad subyacente y está sostenida en un método técnico razonado, lo que excluye toda arbitrariedad".

Finalmente, el TS asimismo ha rechazado la alegación sobre el encontronazo económico, al estimar que "sí incluye la justificación pertinente".

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