En un inquietante descubrimiento, la Guardia Civil ha puesto en marcha una investigación que involucra a dos individuos al frente de una empresa que ha estado extrayendo de manera ilícita más de 110.000 litros de agua al día de un pozo no autorizado. Esta agua era luego vendida a explotaciones porcinas, empresas y particulares, quienes la utilizaban para llenar piscinas en residencias. La operación se centra en un pozo clandestino situado en Puerto Lumbreras.

Esta pesquisa forma parte de la denominada operación 'Zahorí', una iniciativa destinada a la supervisión y control del uso de recursos hídricos, enfocándose en la detección de captaciones de aguas subterráneas sin permiso. A lo largo de la operación, los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) han confirmado que al menos 50 millones de litros de agua han sido extraídos de manera ilegal. Más de 100.000 litros diarios eran comercializados a diferentes entidades y particulares.

Todo comenzó cuando 128 residentes de Zarzalico, en el municipio de Lorca, presentaron una denuncia ante el Seprona. Argumentaban que la escasez de agua para el ganado en la zona había llevado a la necesidad de suministrar cubas de agua para mantener a las explotaciones ganaderas. Este hecho encendió las alarmas y llevó a los agentes a actuar.

Los efectivos del Seprona pusieron en marcha un operativo de vigilancia para confirmar la denuncia y rastrear cualquier actividad ilícita. Este esfuerzo dio frutos rápidamente, permitiendo localizar el punto de abastecimiento de los camiones cisterna implicados en la operación.

Los investigadores continuaron el seguimiento de estas pistas durante varios meses, hasta que lograron determinar que los camiones se estaban llenando de agua en una finca en Puerto Lumbreras. Se realizó un exhaustivo trabajo de seguimiento de los vehículos para confirmar que el agua extraída estaba destinada a diferentes explotaciones porcinas, así como a particularidades como el llenado de piscinas en domicilios y empresas.

La investigación permitió a los agentes identificar el pozo del que se extraía el agua de manera ilegal. Se constató que el pozo no contaba con un contador ni con cualquier otro dispositivo que pudiera medir la cantidad de agua extraída, evidenciando así la irregularidad de su operación.

El pozo carecía de las autorizaciones pertinentes para su explotación, y las indagaciones revelaron que la empresa había logrado extraer y comercializar aproximadamente 56 millones de litros de agua en los últimos 18 meses, generando un ingreso estimado de alrededor de 275.000 euros. No obstante, se sospecha que esta actividad ilícita pudo haberse estado llevando a cabo durante varias décadas.

Finalmente, tras reunir pruebas contundentes, la Guardia Civil ha logrado identificar y localizar a los dos responsables de esta actividad ilegal. Ambos han sido investigados y se les han formulado cargos por presunto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, así como por la usurpación de aguas subterráneas sin la debida autorización.

Los especialistas del Seprona han logrado esclarecer esta red de aprovisionamiento de agua que operaba sin licencias de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), poniendo de manifiesto la gravedad de la situación y la importancia de proteger nuestros recursos hídricos.