El 9 de febrero, en la Región de Murcia, el presidente del Colegio de Graduados Sociales, Alfonso Hernández Quereda, ha propuesto que sean las mutuas las encargadas de gestionar las incapacidades temporales (IT) generadas por accidentes. Según él, esta medida podría acortar significativamente el tiempo de tratamiento y diagnóstico, permitiendo que la duración de las bajas, sobre todo en casos de Traumatología, se reduzca hasta un 50%.

La iniciativa surge a raíz de un informe de Umivale, que revela que Murcia se posiciona como la comunidad autónoma con el mayor índice de absentismo laboral del país, alcanzando un 9,2% en el tercer trimestre de 2025, en comparación con la media nacional del 6,2%. Los sectores que enfrentan mayor absentismo son la industria, los servicios y la construcción, con porcentajes de 6,2%, 5,7% y 5,2% respectivamente. Las razones principales para este fenómeno son las obligaciones familiares, enfermedades o lesiones y problemas de salud mental, abarcando un 41%, 29% y 20% respectivamente, según detalló Hernández Quereda.

El presidente del Colegio ha mencionado un “defecto en el control y gestión” a la hora de evaluar la incapacidad de los trabajadores. Subrayó que padecer una enfermedad no implica necesariamente que una persona no pueda desempeñar su labor, y que recibir tratamiento médico no es siempre un impedimento para continuar activo en el trabajo.

Además, destacando ciertas deficiencias en el sistema de bajas, afirmó que a menudo los médicos de atención primaria otorgan estas sin consultar a especialistas, quienes son clave para determinar la compatibilidad entre una condición médica y ciertas funciones laborales. Esta falta de coordinación, unida a las esperas prolongadas para las pruebas diagnósticas, prolonga de manera innecesaria las incapacidades temporales. Hernández Quereda advirtió que estas situaciones conducen a que bajas de corta duración se extiendan por varios meses.

Por otra parte, el presidente reveló que los médicos de Atención Primaria enfrentan una gran carga y presión, lo que puede disuadirles de discutir la situación de un paciente con respecto a su baja laboral. Para ello, propuso un “paso intermedio” en el que las mutuas asuman un papel más activo. Señaló que hay procesos que se alargan sin necesidad, mientras que otros no reciben la atención que requieren debido a la falta de un control rigurosamente específico.

Hernández Quereda aclaró que, según las normativas, las mutuas tienen la competencia para gestionar incapacidades temporales derivadas de accidentes, aunque actualmente no poseen control médico sobre estas situaciones. Esta falta de supervisión es motivo de preocupación para muchos empresarios, especialmente aquellos que dirigen pequeñas y medianas empresas, así como autónomos, quienes sienten que el absentismo laboral es un desafío que les afecta económicamente, con un impacto de 958 millones de euros al año, lo cual representa un 2% del PIB regional.

Finalmente, el presidente hizo hincapié en que las bajas por salud mental son un tema especialmente complicado de gestionar. Explicó que su evaluación objetiva es difícil, ya que no existen pruebas físicas como radiografías que respalden este tipo de ausencias. En muchos casos, llevar a un paciente a un psiquiatra requiere un tiempo considerable, lo que puede traducirse en periodos de incapacidad que se extienden hasta un límite de 540 días, una situación que Hernández Quereda considera completamente insostenible.