En un reciente despliegue de fuerza en la Región de Murcia, la Guardia Civil, en conjunto con la Inspección de Trabajo, ha puesto en marcha la operación 'Diacampo', un esfuerzo que ha revelado la situación de 11 inmigrantes que laboraban en explotaciones agrícolas de Mazarrón y Águilas sin el adecuado contrato laboral.

Esta investigación ha llevado a la detención o evaluación de seis personas que podrían ser responsables de violaciones a los derechos laborales y de los extranjeros, según la información proporcionada por autoridades de la Benemérita en un comunicado oficial.

La Guardia Civil, en su compromiso por erradicar la explotación en el ámbito laboral, llevó a cabo un ciclo de inspecciones agrícolas en la comarca del Guadalentín. Este operativo fue diseñado para asegurar que se cumplan las normativas laborales y proteger a las personas en condiciones vulnerables.

Durante estas inspecciones en Mazarrón, los agentes encontraron a tres extranjeros trabajando en el campo sin un contrato formal. Para su sorpresa, los mismos trabajadores no tenían claridad sobre la empresa a la que debían rendir cuentas.

El avance en la investigación permitió identificar a dos capataces y a dos empresarios, quienes ahora enfrentan cargos por posibles infracciones contra los derechos de los trabajadores y de los ciudadanos no nacionales.

En la localidad de Águilas, se detectó a ocho mujeres originarias de Marruecos, laborando también sin contrato. Adicionalmente, se confirmó que carecían de la documentación necesaria para residir legalmente en España.

A través de las indagaciones se estableció que el modus operandi de estas operaciones ilegales comenzaba en áreas urbanas de Lorca, donde las víctimas eran transportadas en furgones hacia las fincas sin pleno conocimiento de sus condiciones laborales.

Estas mujeres, ajenas a la ubicación donde trabajaban, ignoraban los horarios y los salarios que iban a recibir, los cuales resultaron ser significativamente inferiores a los establecidos por ley para el sector.

Además, las trabajadoras no contaban con el equipo necesario para realizar sus labores de forma segura, lo que plantea serios cuestionamientos sobre las condiciones laborales en ese ámbito. Hasta el momento, dos personas han sido detenidas por su posible participación en estos delitos.

Los 11 inmigrantes fueron asistidos y se les proporcionó información sobre sus derechos como víctimas en el marco legal español, un paso esencial para su protección y recuperación. Esta situación ha puesto de relieve la urgencia de abordar la explotación laboral en el sector agrícola.