Juez identifica a 18 sospechosos en un posible caso de regularización irregular de inmigrantes
MURCIA, 25 Oct.
El magistrado del juzgado de Instrucción número 8 de Murcia ha dictaminado en un auto notificado esta semana que el procedimiento contra 18 individuos acusados de formar parte de un grupo dedicado a ofrecer falsos contratos de trabajo a inmigrantes irregulares continúe. Estos inmigrantes, principalmente africanos y magrebíes en estado de necesidad, son contratados a través de empresas sin actividad para regularizar su situación en España.
Esta compleja causa ha llevado a que el juzgado cuente con una juez de refuerzo durante tres meses. Este refuerzo ha permitido que se cierre la investigación de más de 60 solicitudes de permiso de residencia, generando un expediente digital judicial con más de 2000 eventos.
El principal investigado es el administrador de una asesoría, a quien se considera el organizador de la trama. También está involucrado uno de sus hijos, encargado de recibir dinero de los extranjeros y controlar los pagos de la Seguridad Social. Además, se están investigando a los administradores de las empresas utilizadas como empleadoras, sospechosos de ser testaferros.
Además de los acusados, también se encuentran ciudadanos extranjeros perjudicados por estos hechos, quienes también están siendo investigados por falsedad documental al haber presentado contratos de trabajo falsos para obtener la regularización.
Según el auto, los delitos que podrían estar implicados en este caso son: contra los derechos de los trabajadores, pertenencia a una organización criminal, falsedad documental, estafa, blanqueo de capitales y usurpación del estado civil.
El magistrado argumenta en la resolución que se han realizado seguimientos policiales, intervenciones telefónicas y se han encontrado documentos relevantes relacionados con las contrataciones sospechosas durante los registros. También se ha obtenido evidencia de los equipos informáticos que indican que uno de los investigados tenía certificados digitales que le permitían operar en nombre de las empresas contratistas.
La declaración de varios testigos, algunos de ellos protegidos, ha sido especialmente incriminatoria. Sus testimonios indican que el investigado principal y su hijo vendían contratos a los extranjeros, cobrando grandes sumas de dinero.
Según el instructor, todos estos indicios apuntan a la existencia de una trama que utilizaba contratos de trabajo falsos para regularizar a inmigrantes necesitados, cobrando altos precios y beneficiándose personalmente. Considera que hay suficientes pruebas para avanzar a la fase de acusación.
Además, el magistrado considera que no es apropiado levantar las medidas cautelares existentes, como el bloqueo de cuentas bancarias, ya que es la única forma de garantizar que, en caso de una posible sentencia condenatoria, se pueda restituir a las víctimas las sumas de dinero sustraídas. La mayoría de los extranjeros han reclamado y afirman haber pagado grandes cantidades a los investigados.
La resolución no es definitiva y se puede presentar recurso de reforma y/o apelación.