Recientemente, la Asamblea Regional ha aprobado una reforma legal que incrementa el número de integrantes del Consejo de Administración de Radio Televisión de la Región de Murcia. Esta modificación ha sido respaldada principalmente por los votos del Partido Popular (PP) y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), dando un paso hacia la ampliación del Consejo de RTRM de 9 a 11 miembros.

La diputada socialista Carmina Fernández defendió la propuesta argumentando que esta enmienda asegura una representación más equitativa y proporcional de todos los grupos parlamentarios en el Consejo de Administración. Según ella, la modificación es un avance significativo para establecer una radiotelevisión pública que realmente sea plural y transparente, y que ofrezca información de alta calidad a la ciudadanía.

A pesar de su apoyo a la iniciativa, el PP no perdió la oportunidad para criticar al PSOE. Joaquín Segado, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, recordó que su partido ganó las últimas elecciones, teniendo la mayoría en el Senado. Señaló que es una falta de respeto por parte del Gobierno y sus aliados no considerar la voluntad popular expresada en las urnas. Segado enfatizó que esta falta de respeto es una de las diferencias fundamentales entre el PP y el PSOE en su modo de hacer política.

Por otro lado, VOX mostró su oposición a la iniciativa. Ignacio Arcas, diputado de VOX, argumentó que la modificación legislativa puede resultar en el efecto contrario al deseado. Destacó la desproporción en la representación actual del Consejo, donde VOX tiene 2 representantes y el Grupo Mixto 1, sugiriendo que esta reforma beneficiaría desproporcionadamente al PP al aumentar su representación a 6 miembros, lo cual catalogó como una entrega de la RTRM al PP y solicitó la retirada de la proposición.

Desde Podemos, el diputado Víctor Egío expresó que su partido se posiciona como un “muro de contención” contra el bipartidismo, acusando al PP y al PSOE de intentar consolidar su control en el Consejo. En su intervención, reclamó que las actuales normas ya garantizan una representación proporcional, y que el verdadero problema es la percepción del Grupo Mixto, que trabaja más intensamente que los otros grupos.

El Pleno también aprobó, con el apoyo del PP, VOX y Podemos y la abstención del PSOE, una moción del PP que solicita al Gobierno central la construcción de tanques y presas de laminación en la Rambla de Cobatillas, que desemboca en el Mar Menor. Carlos Albaladejo, diputado del PP, subrayó la necesidad de establecer medidas que sean complementarias y respetuosas con la naturaleza, además de facilitar la actividad agrícola en la región.

Albaladejo enfatizó que la rambla presenta riesgos de inundaciones repentinas, que podrían afectar a San Javier y otras áreas cercanas, por lo que es vital que el Ministerio ejecute estas obras para todas las ramblas que impactan el Mar Menor.

En un enfoque similar, Alberto Garre de VOX expresó su respaldo a la propuesta, abogando por la construcción de diques y tanques de tormentas, y instó al gobierno regional a retomar un proyecto que transformaría la rambla en un pantano, el cual consideró una medida esencial.

El diputado del Grupo Mixto, Víctor Egío, también manifestó su apoyo a iniciativas que buscan el mismo objetivo, sugiriendo que es crucial actuar sobre la carretera de Balsicas, ya que esta se ha vuelto vulnerable a inundaciones. Hizo un llamado a evitar construcciones en áreas propensas a inundaciones y a tomar en serio la urgencia del cambio climático.

Por su parte, Manuel Sevilla del PSOE argumentó su abstención en la votación debido a la importancia de no ser sectarios en cuestiones relevantes. Criticó al PP por su doble moral, señalando que previamente habían negado la existencia de mapas de zonas inundables mientras ahora exigían acciones inmediatas. Aseguró que estas labores ya se están llevando a cabo.

En una cita importante durante la sesión, el Grupo Mixto no logró avanzar con una propuesta para frenar el aumento de las tarifas de agua potable. María Marín de Podemos denunció la situación, afirmando que el PP está cediendo ante las presiones de las empresas concesionarias, lo que agrava una crisis hídrica que afecta a un 12% de las familias murcianas, las cuales no pueden satisfacer sus necesidades de agua.

Virginia Lopo, desde el PSOE, pidió a Marín que evite acusaciones y que, si es necesario, lleve su caso a los tribunales. En respuesta, María Casajús del PP acusó al Grupo Mixto y a VOX de populismo y recordó que VOX había votado anteriormente a favor de revisiones de precios en el Ayuntamiento de Cartagena, cuestionando la coherencia de su discurso.

Finalmente, la Asamblea discutió una iniciativa del Grupo Mixto destinada a establecer medidas que garanticen el derecho a la vivienda. Sin embargo, la propuesta y las enmiendas planteadas por PP y VOX no lograron aprobarse, causando tensión en el debate. Egío reiteró que su grupo busca soluciones prácticas al problema de la vivienda, resaltando que son medidas de sentido común que deberían tener en cuenta todas las partes involucradas.

Juan Andrés Torres del PSOE, aunque de acuerdo con las intenciones del Grupo Mixto, expresó su abstención porque consideró inapropiado que se apropien de iniciativas que corresponden a su grupo y a la Plataforma de Afectados por la Vivienda. Torres denunció que la crisis de vivienda es una emergencia social resultante de las políticas del Gobierno del PP.

Desde VOX, Ignacio Arcas planteó que es esencial enfocarse en mejorar el valor de los empleos para que los ciudadanos accedan a una vivienda digna, manteniendo que no es posible intervenir el mercado sin provocar efectos adversos. Antonio Landáburu del PP, por su parte, descalificó la propuesta del Grupo Mixto como una carta a los Reyes Magos carente de fundamento y repleta de populismo.