Este miércoles, la Asamblea Regional ha alcanzado un consenso total al aprobar una moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular, que pide al Gobierno Nacional la creación de 18 nuevas unidades judiciales para la Región de Murcia. Sin embargo, es importante destacar que el último punto de esta moción fue sometido a votación de manera separada, recibiendo el rechazo del partido Vox.

El representante del PP, Víctor Martínez-Carrasco, enfatizó la necesidad urgente de más plazas y jueces en la región, afirmando que la moción simplemente refleja una demanda legítima que ha sido constante desde el Tribunal Superior de Justicia. Según él, "sin los recursos adecuados, nunca podremos contar con una justicia más eficiente", subrayando que "los recursos son una cuestión de voluntad política".

Durante su intervención, Martínez-Carrasco destacó que Murcia se encuentra entre las comunidades con menos jueces por cada 100,000 habitantes, con una cifra de 10.7 jueces comparada con el promedio nacional de 12.1. Atribuyó esta situación a un "déficit estructural persistente" en las plazas judiciales, advirtiendo que la litigiosidad ha aumentado más del 30% en la última década y que los casos pendientes han incrementado alrededor de un 124% durante el mismo período.

El diputado del PP también subrayó que la responsabilidad de crear más jueces y juzgados recae en el Gobierno central, afirmando que exigir esto no es una opción política, sino una obligación institucional. Martínez-Carrasco consideró que la moción que presentaron es una demanda legítima, coherente con la distribución de competencias que establece la ley.

En su discurso, Martínez-Carrasco hizo hincapié en cómo la situación actual de la justicia en España se ve oscurecida por escándalos de corrupción y una "notable degradación política". Recordó una antigua publicación que se centraba en sucesos, sugiriendo que hoy en día habría más que suficiente material para nuevas ediciones. Citó varios escándalos, incluyendo el 'caso mascarillas' y otros relacionados con figuras cercanas al Gobierno.

Sin embargo, el diputado del PP también advirtió que esta situación de crisis no puede encubrir el problema estructural de la falta de juzgados, que impacta de manera directa a miles de murcianos. Recordó que el presidente del TSJ de la Región, Manuel Luna Carbonell, había alertado sobre el compromiso del derecho a una justicia eficiente debido a la escasez de recursos, solicitando la creación urgente de 18 nuevas unidades judiciales.

Martínez-Carrasco proporcionó datos reveladores, señalando que en 2024 los juzgados de Murcia manejarían más de 254,000 casos, un aumento del 16% en comparación con el año anterior. Asimismo, mencionó que más de 70,000 nuevos casos se registraron en el primer trimestre de 2025, con más de 212,000 asuntos aún en trámite, lo que significa que sin un aumento de recursos, se necesitarían más de tres años para resolver la acumulación de casos.

Desde Vox, el diputado Rubén Martínez reconoció la necesidad de establecer las nuevas unidades judiciales, pero criticó que la moción es un ejemplo de la ineficacia de la política bipartidista. Subrayó que tanto el PP como el PSOE han llegado a acuerdos en otras áreas, pero no han actuado con la misma urgencia para reforzar las plazas judiciales, insistiendo en la importancia de garantizar la independencia judicial.

Por su parte, la diputada socialista Virginia Lopo argumentó que las afirmaciones del PP sobre la desatención del Gobierno de Pedro Sánchez son falsas. Resaltó que, a finales del mandato de Rajoy en 2018, había 156 jueces en la región y que esa cifra ha aumentado a 174 en la actualidad, con nombramientos recientes destinados a reforzar magistraturas en temas de violencia de género.

A pesar de reconocer que el número de unidades judiciales sigue siendo insuficiente, Lopo afirmó que votarán a favor de la moción, señalando que los retrasos afectan derechos fundamentales, particularmente en casos de violencia de género y menores.

El diputado del Grupo Mixto, José Luis Álvarez-Castellanos, comentó que el PP es predecible y manifestó que, a pesar de sus reservas sobre la introducción de la moción, su grupo la apoyaría, recordando que la propuesta de las 18 unidades proviene del TSJ y forma parte de un ejercicio de revisión a nivel español promovido por el Consejo General del Poder Judicial.

Finalmente, el Pleno desestimó una moción del Grupo Mixto que pedía la gestión pública del sistema de Emergencias 112. Álvarez-Castellanos defendió la importancia crítica de este servicio y cuestionó las condiciones laborales actuales. Por otro lado, el socialista Fernando Moreno subrayó que la propuesta solo abordaba parte de las necesidades y mencionó otros problemas, mientras que Vox abogó por un modelo de gestión que no comprometa el empleo.