La Comisión de Sanidad y Política Social de la Asamblea Regional ha tomado una decisión significativa al aprobar, gracias a los votos del PSOE, VOX y Podemos, una propuesta que busca abordar la preocupante escasez de especialistas en el Hospital Virgen del Castillo de Yecla, una cuestión que ha sido ignorada por mucho tiempo.

Desde el PSOE, dirigentes como Virginia Lopo han solicitado una urgente revisión de las "desigualdades en el acceso a los servicios de salud" que afectan a los ciudadanos del Área V de Salud. Este llamado a la acción incluye la necesidad de cubrir urgentemente las carencias de especialistas en diversas áreas, que van desde Medicina Interna hasta Dermatología, lo que pone de manifiesto la situación crítica en la que se encuentra el hospital.

Lopo ha enfatizado que, además de la crónica ausencia de médicos y enfermeras en Atención Primaria, la escasez de especialistas ha ido en aumento en el Hospital Virgen del Castillo durante los últimos tres años. Según sus afirmaciones, este déficit es un reflejo de varios factores, como la falta de atractivo de las plazas y, sobre todo, la ineficaz gestión de los recursos sanitarios.

Esta deficiencia en la atención médica ha provocando un incremento en las listas de espera y la necesidad de desviar pacientes a otros hospitales para procedimientos básicos, un hecho que afecta directamente la calidad de la atención urgente que se ofrece desde Yecla.

Por su parte, la diputada de VOX, María Eugenia Sánchez, se ha unido a las preocupaciones expresadas, subrayando que la situación sanitaria en el Altiplano es crítica y que aún estamos lejos de lograr una equidad real en la atención salud a nivel regional.

En contraste, la diputada de Podemos, María Marín, ha manifestado su descontento con la manera en que el gobierno ha manejado las cifras, acusando al consejero y al presidente, López Miras, de "maquillar" la realidad con el fin de no incrementar la percepción negativa sobre las listas de espera. Esta crítica ha apuntado directamente al PP, a quien culpa de desmantelar centros como el Virgen del Castillo, lo que ha llevado a un aumento en dichos tiempos de espera.

Ante estas aseveraciones, Mari Carmen Ruiz, diputada del PP, ha reaccionado argumentando que el problema de los especialistas no es exclusivo de su comunidad, sino que es un fenómeno que afecta a todas las comunidades autónomas en el país. Ha llamado la atención sobre la necesidad de que el Gobierno central tome las riendas para colaborar en la solución a este problema estructural.

Adicionalmente, la Comisión ha respaldado una iniciativa del PP, apoyada por Podemos, que tiene como objetivo regular la información acerca de medicamentos que es divulgada a través de las redes sociales. Esta propuesta, que encontró oposición en VOX y PSOE, busca limitar o cerrar cuentas que realicen publicidades irresponsables de medicamentos.

La diputada del PP, María Luisa Ramón, ha sido clara en que el objetivo de esta medida no es restringir la libertad de expresión, sino más bien proteger la salud pública. Su propuesta consiste en lanzar campañas que informen a los ciudadanos sobre la importancia de consultar a profesionales de la salud antes de tomar medicamentos y los peligros asociados con la automedicación.

Desde VOX, María José Ruiz ha criticado a sus colegas del PP por tardar demasiado en reconocer la problemática de las influencias de personas en redes sociales, que, según ella, han llevado a un uso irresponsable de los medicamentos. Sin embargo, ha concordado en la necesidad de un mecanismo de control, recordando que la publicidad de medicamentos que requieren receta ya está prohibida.

La socialista Virginia Lopo ha coincidido también en que las competencias sobre salud pertenecen al Gobierno regional, sugiriendo que la regulación de la publicidad de medicamentos ya se encuentra vigente.

Como contraparte, María Marín de Podemos ha destacado que a pesar de reconocer los riesgos en las redes sociales, hay profesionales que utilizan estas plataformas para ofrecer información científica valiosa. Su enfoque se centra en aplicar las leyes existentes para penalizar a quienes difunden información errónea y promueven usos irregulares de medicamentos.

Además, la Comisión ha aprobado, gracias al apoyo entre VOX, PSOE y Podemos, una iniciativa que exige protocolos específicos para el uso responsable de benzodiacepinas. María José Ruiz de VOX ha señalado datos alarmantes sobre el aumento en el consumo de ansiolíticos en España, que según la OMS, ha incrementado en más del 50% en la última década, situando al país como líder en este tipo de consumo en Europa.

La socialista María Soledad Sánchez se ha mostrado partidaria de esta iniciativa, subrayando la necesidad de elaborar protocolos efectivos que no se queden en meras recomendaciones, sino que sean utilizados como herramientas útiles por los profesionales.

Por su parte, María Marín de Podemos ha lamentado que los abusos en el consumo de estas sustancias afecten a los jóvenes, sugiriendo que el problema pudiera estar relacionado con la saturación del sistema de salud pública.

Antonio Martínez del PP ha apuntado que el incremento del uso de benzodiacepinas puede derivarse de la falta de recursos y el estrés en la población. Ha detallado que se están implementando programas para ofrecer atención prioritaria a grupos vulnerables, además de capacitar a profesionales para mejorar la atención a estos temas.

La Comisión también tuvo que decidir sobre una iniciativa de Podemos destinada a prevenir la violencia vicaria contra menores, pero fue rechazada por unanimidad de PP y VOX. La diputada de Podemos subrayó que la violencia vicaria ha llevado a la tragedia de la pérdida de vidas de menores y la urgencia de un enfoque legislativo para prevenir estos casos.

Sin embargo, María Luisa Ramón del PP recordó que existen ya medidas para atender a menores en situaciones de violencia, destacando un programa del gobierno regional que asegura la relación de los menores con ambos padres de manera controlada.

Finalmente, se ha votado contra una propuesta del PP que exigía un Plan Nacional contra la Obesidad, al argumentar que ya existe un plan vigente. Un hecho que debe ser tenido en cuenta en un contexto de creciente preocupación por la salud de la población en general.