La Asamblea Regional exige al Gobierno central que anule el proyecto de Estatuto Marco de sanidad.

La Asamblea Regional ha dado luz verde a una moción impulsada por el Partido Popular (PP), que contó con el respaldo de Vox, para instar al Gobierno central a que retire el borrador del Estatuto Marco destinado al personal estatutario de los servicios de salud. Los promotores de la moción argumentan que este proyecto ha generado un amplio rechazo en el ámbito médico y se ha desarrollado sin el acuerdo necesario con los profesionales del sector.

La propuesta, defendida por el diputado Antonio Martínez del PP, fue aprobada gracias a los votos favorables de su partido y de Vox, mientras que el PSOE y el Grupo Mixto se opusieron. La moción, que incluyó una transacción sugerida por Vox, no solo pide la retirada del anteproyecto, sino también la creación de un apartado específico para los médicos dentro del Estatuto Marco, el reconocimiento de la singularidad de esta profesión, la posibilidad de que se contacten directamente con el Ministerio de Sanidad y la elaboración de una memoria técnica, jurídica y económica en colaboración con las comunidades autónomas.

Martínez argumentó que el anteproyecto estatal constituye "un atropello a la profesión médica" y enfatizó que "no se pueden negociar las condiciones laborales de los médicos sin su directa participación". Señaló que el texto no ha supuesto un avance para mejorar la calidad del sistema sanitario ni para los propios médicos, advirtiendo que la reforma podría debilitar aún más el servicio de salud pública.

Vox se alineó con el PP en su respaldar esta moción y repudió las acciones del Ministerio de Sanidad. La diputada María Eugenia Sánchez afirmó que su partido ha sido "el único que ha defendido claramente" la necesidad de un estatuto específico para los médicos, criticando al PP por no mostrar la firmeza deseada. Según Sánchez, su formación aprobó la transacción porque considera que los médicos deben tener la capacidad de negociar directamente con el Ministerio.

En contraposición, el PSOE se opuso al texto, defendiendo que el nuevo Estatuto Marco ya incluye mejoras laborales para los trabajadores del sector. La parlamentaria María Soledad Sánchez insistió en que el PP ha desistido en su demanda inicial de un estatuto propio para los médicos y destacó la importancia de la negociación colectiva general. Entre las mejoras mencionadas, citó la obligación de realizar ofertas publicas de empleo cada dos años, la disminución de las guardias y el fomento de la conciliación familiar.

Por otro lado, el Grupo Mixto también mostró su oposición a la moción. El diputado José Luis Álvarez-Castellanos, perteneciente a la coalición Podemos-Izquierda Unida Verdes-Alianza Verde, consideró "incoherente" la propuesta de regular por separado a los médicos dentro de un sistema sanitario que es, por su naturaleza, "complejo" e "interdisciplinar". Insistió en que muchas de estas solicitudes deberían tratarse en el ámbito autonómico y no en una normativa básica nacional.

En el mismo pleno, se aprobó una moción del Grupo Socialista que pide medidas urgentes para asegurar la implementación de la Ley de Dependencia en los presupuestos de la comunidad autónoma para 2026. Esta propuesta recibió el apoyo de PP, PSOE y el Grupo Mixto, con Vox absteniéndose.

La diputada socialista Toñi Abenza declaró que la dependencia es "un asunto de justicia" y resaltó la preocupante situación que vive la Región de Murcia en este ámbito, donde se han registrado largas listas de espera y cifras alarmantes de personas que han fallecido sin recibir la atención o prestación que necesitaban. Su propuesta urge a incluir en los presupuestos autonómicos medidas que reduzcan el tiempo de reconocimiento a un máximo de 180 días, y a 90 días en el caso de menores de tres años y mayores de 90.

El PP respaldó la moción, aunque centró su discurso en la insuficiencia de financiación estatal para el sistema. El diputado Miguel Ángel Miralles criticó la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez en la aplicación de la ley, argumentando que el Ejecutivo murciano ha estado operando con los recursos más limitados. Vox, por su parte, se abstuvo, con el diputado Ignacio Arcas denunciando la demora de más de 550 días en la resolución de expedientes, aunque reprochó tanto al PSOE como al PP su falta de acción en la gestión de esta situación y acuso al Gobierno regional de desviar fondos destinados a la dependencia.

Asimismo, Vox criticó al PP por unirse a los partidos de izquierda en contra de su propuesta para proteger las costumbres y tradiciones murcianas en el espacio público. La diputada Virginia Martínez subrayó que "nuestra forma de vida está siendo amenazada" y resaltó la importancia de preservar la identidad cultural y las celebraciones típicas como las fiestas de Semana Santa y otras tradiciones relevantes de la región.

Martínez lamentó el voto en contra del PP y la izquierda, señalando que "desprecian nuestra identidad y nuestras celebraciones familiares". Además, hizo hincapié en lo que considera una amenaza a los valores culturales, afirmando que su partido continuará defendiendo las tradiciones y el estilo de vida murciano ante el desafío de la izquierda y del PP.

En otra nota, Vox decidió retirar su moción sobre la detección temprana de trastornos del espectro autista (TEA). La diputada María José Ruiz expresó su descontento argumentando que "el bipartidismo" ha obstruido una propuesta destinada a actualizar el protocolo de 2012, incorporar herramientas tecnológicas y establecer plazos de derivación. Después de anunciar la retirada, indicó que su grupo planea presentar una nueva iniciativa.

Finalmente, el PP también retiró su moción enfocada en lograr una financiación local "justa, adecuada y que respete la autonomía municipal". El diputado Carlos Albaladejo explicó que, tras revisar el contenido de las enmiendas presentadas por los otros grupos, se concluyó que la propuesta había resultado "improductiva".