La Asamblea Regional respalda a los trabajadores de SABIC en Cartagena ante la venta incierta del negocio.
En un gesto de unidad, la Asamblea Regional ha emitido una declaración institucional que respalda a los trabajadores de SABIC en Cartagena, a raíz de los recientes acontecimientos que han puesto en entredicho el futuro de la planta. Este apoyo se presenta tras la noticia de la venta del negocio de termoplásticos de ingeniería a un fondo de inversión internacional, una transacción que afecta directamente a las instalaciones cartageneras.
En el texto aprobado, se destaca la importancia de SABIC como una de las industrias más significativas en la Región de Murcia, señalando su papel como líder dentro del sector químico y su arraigo histórico en Cartagena. Se enfatiza que el complejo de La Aljorra no solo es crucial para el empleo directo, sino que también sostiene miles de puestos de trabajo indirectos en empresas auxiliares, en el área de servicios industriales, logística y mantenimiento, lo que convierte su continuidad en un pilar para la estabilidad económica y social de la región.
La Asamblea ha manifestado su preocupación por el clima de incertidumbre que ha surgido entre la plantilla a raíz de la transacción, así como por las posibles implicaciones laborales, económicas y sociales que podrían derivarse de una disminución significativa de las operaciones o del eventual cierre de la planta. En este contexto, se reafirma el apoyo total a los trabajadores y sus familias.
Además, el organismo legislativo ha instado a la dirección de SABIC y a los nuevos gestores a actuar con responsabilidad, promoviendo el diálogo y una gestión transparente. Se ha ratificado la solidaridad hacia las demandas del comité de empresa y del Ayuntamiento de Cartagena, en particular, aquellas que exigen la salvaguarda de empleos y la continuidad de la actividad industrial.
Finalmente, los miembros de la Cámara han expresado su disposición para trabajar en colaboración, dentro de sus capacidades, con el Gobierno regional, el Ejecutivo central, otras administraciones y los agentes sociales, con el fin de encontrar soluciones que garantice el mantenimiento de la actividad industrial y el futuro laboral de los empleados.
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