El 20 de noviembre, la Audiencia Provincial de Murcia ha dictado una sentencia que absolvió a todos los implicados en el caso conocido como Novo Carthago, un proceso que involucraba graves acusaciones de prevaricación, falsedad documental y blanqueo de capitales. Esta decisión surge tras un arduo mes de juicio, que incluyó más de 50 testimonios y evaluaciones técnicas, donde el tribunal no encontró evidencias suficientes para demostrar que las decisiones administrativas fueran tomadas de forma arbitraria o con plena conciencia de su injusticia, lo cual es esencial para configurar el delito de prevaricación.

El tribunal también subrayó que, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, la actuación penal debe limitarse a situaciones de especial gravedad, enfatizando que la mera irregularidad administrativa no es suficiente. Este pronunciamiento fue comunicado oficialmente por el Tribunal Superior de Justicia de Murcia.

Además, la resolución judicial desestimó todas las objeciones presentadas por las defensas antes de la sentencia, considerándolas irrelevantes en el marco de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Destacó que la supuesta imputación sorpresiva del delito de falsedad documental no tenía base, pues el auto de transformación solamente delimitaba hechos y personas, sin especificar tipos penales concretos, permitiendo así que las acusaciones pudieran modificar la calificación jurídica sin presentar nuevos hechos.

El tribunal no aceptó las alegaciones sobre la vulneración del principio de legalidad, determinando que se trataba de cuestiones que debían resolverse en el fallo, y también rechazó la defensa de cosa juzgada por falta de identidad objetiva y subjetiva con sentencias previas del TSJMU sobre el Plan Parcial.

El fallo también abordó la posición de un exconsejero del ámbito medioambiental, afirmando que no hubo ninguna ilegalidad flagrante en la orden de reinicio del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) aprobado en 2003 y que la posible responsabilidad penal estaba prescrita, dado que habían pasado más de diez años desde su aprobación hasta la formalización de la imputación en 2013.

En este sentido, el tribunal afirmó que la firma para reiniciar el PORN no era una decisión arbitraria y expresó dudas sobre la legalidad del reinicio del plan, indicando que el área afectada era relativamente pequeña. Así, se concluyó que la incidencia sobre el entorno era limitada, lo que daba pie a una tendencia en la que se apostaba por usos recreativos que podían ser beneficiosos para el medio ambiente.

No se puede ignorar la referencia a la jurisprudencia que argumenta que el uso recreativo en espacios protegidos no se considera necesariamente ilegal, reflejando un entendimiento más amplio sobre las políticas de uso del suelo. En este contexto, el tribunal citó el caso de campos de golf y estaciones de esquí como ejemplos de compatibilidad entre el desarrollo recreativo y la protección ambiental.

Respecto a la actuación del consejero, el fallo concluyó que este actuó dentro de lo que se considera un marco político legítimo, sin demostrar interés personal o presión sobre técnicos y autoridades. De igual forma, la asesora jurídica, acusada de estar vinculada como cooperadora en el caso, fue también absuelta debido a la falta de pruebas en su contra.

La resolución emitida también absolvió al exdirector general de Calidad Ambiental, analizando su papel en la Declaración de Impacto Ambiental, sin que se encontraran indicios de culpabilidad ni presión por cambios en las decisiones técnicas, las cuales se tomaron de manera autónoma por los especialistas a cargo.

Adicionalmente, el tribunal definió que la modificación puntual 113 del PGOU de Cartagena, atribuida a un exconsejero, tampoco presentaba elementos que la hicieran arbitraria, confirmando que su aprobación estaba respaldada por informes técnicos verificados. A su vez, no se hallaron irregularidades en las actuaciones de los directores y asesores de Urbanismo involucrados.

Finalmente, el tribunal subrayó que los argumentos presentados por los acusados se encuadran dentro de un ámbito de discrecionalidad técnica, sin que sus acciones comprometieran normas legales ni reflejasen intención de favorecer intereses privados. Esta sentencia deja claro que no se han encontrado acciones ilícitas, sugiriendo que las discrepancias en la interpretación de la ley no justifican la acusación de delitos.

En resumen, el tribunal determinó que la propuesta urbanística no solo no era injusta ni arbitraria, sino que podría implicar mejoras ambientales significativas. Asimismo, el análisis de blanqueo de capitales concluyó que no había pruebas de que existiesen vínculos con actividades delictivas previas, resultando en la absolución de los acusados. La sentencia, que solo puede ser apelada ante el Tribunal Supremo, marca un hito en la judicialización de los casos de urbanismo en la región.