En Murcia, el 9 de noviembre, la Consejería de Fomento e Infraestructuras ha anunciado una importante iniciativa que busca promover el acceso a la vivienda asequible en la región. Esta acción contempla la licitación para la construcción y gestión de 52 viviendas de protección pública que estarán destinadas a alquiler a precios asequibles, una propuesta que se ubicará en un terreno de propiedad regional en el municipio de Molina de Segura. El proyecto se localiza en una zona residencial cercana al núcleo urbano, muy próxima a la urbanización conocida como Los Vientos.

Esta nueva edificación se inscribe dentro de las políticas regionales destinadas a facilitar el acceso a la vivienda, un objetivo prioritario para el Gobierno autonómico. Todo ello se lleva a cabo en estrecha colaboración con el Ayuntamiento de Molina de Segura, lo que refleja la importancia de trabajar de manera conjunta para abordar el reto que supone la falta de vivienda asequible en la región.

Jorge García Montoro, consejero de Fomento e Infraestructuras, ha resaltado que esta es una actuación que se basa en el modelo de colaboración público-privada. Según Montoro, esta estrategia tiene como finalidad lograr una ejecución más ágil y efectiva de los proyectos, así como optimizar el uso de recursos disponibles, al beneficiarse de la experiencia y eficiencia que el sector privado puede aportar en lo relativo a la promoción y gestión de viviendas.

La colaboración se materializa a través de un derecho de superficie sobre el terreno de propiedad de la Comunidad Autónoma y la concesión directa de una ayuda económica. Quien resulte adjudicatario de este contrato se comprometerá no solo a promover la construcción de las viviendas y de sus anejos, sino también a gestionar el arrendamiento a precios asequibles durante un período de 50 años, tras el cual la propiedad de los inmuebles se revertirá nuevamente a la Comunidad.

El presupuesto destinado para esta licitación asciende a la suma de 6.335.081 euros, de los cuales 2.273.865 euros se asignarán como ayuda directa proveniente de fondos europeos. Este apoyo económico se otorgará al adjudicatario del proyecto y será proporcional a la superficie útil de cada vivienda, con un límite de hasta 700 euros por metro cuadrado. Además, se establece que la ayuda máxima no podrá sobrepasar los 50.000 euros por vivienda y, en ningún caso, podrá exceder el coste total de las obras a realizar.

Las viviendas que se construirán estarán orientadas a aquellas personas que necesiten una vivienda habitual y permanente en régimen de arrendamiento, otorgando prioridad a criterios sociales. Para garantizar que estos inmuebles se destinen a quienes más los necesitan, se impondrán límites en cuanto a los ingresos máximos de los arrendatarios. Generalmente, estos límites estarán fijados en 5,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM); 6,5 veces el IPREM para familias numerosas y personas con discapacidad en una categoría general; y hasta 7 veces el IPREM para familias numerosas de categoría especial y para personas con discapacidad severa.