El presidente del Gobierno regional de Murcia, Fernando López Miras, ha hecho un anuncio contundente este jueves en relación con la gestión del agua en la comunidad. Su Ejecutivo se plantea solicitar de manera formal información a la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) debido a las numerosas irregularidades que se han registrado en su administración. Este requerimiento sería el primer paso hacia posibles acciones legales que busquen esclarecer si estas fallas están afectando a los beneficiarios del trasvase Tajo-Segura.

Durante su participación en el 'Foro Horizonte 2027. Los retos del agua: la encrucijada del trasvase', que fue organizado por el Diario La Verdad, López Miras subrayó que ha habido irregularidades en la gestión de la Confederación que ya han sido señaladas por la Comunidad Valenciana. Además, los propios servicios jurídicos del Gobierno regional han corroborado estas afirmaciones. Ante la negativa de la CHT a proporcionar información, el presidente ha manifestado que no se quedarán de brazos cruzados y que procederán a demandar los datos de forma oficial.

Esta decisión se toma tras la elaboración de un informe por parte de la Comunidad Valenciana, donde se identifican inconsistencias como desembalses excesivos, falta de transparencia y ausencia de datos verificables sobre el caudal ecológico. Este informe fue enviado a la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, junto a una carta firmada por los consejeros de Agua de Murcia, Andalucía y la Comunidad Valenciana, sin recibir hasta ahora respuesta, lo que ha llevado a la solicitud formal de información sobre estas irregularidades.

Respecto a la grave situación del trasvase Tajo-Segura y el posible recorte del 50% de sus caudales a partir de 2027, López Miras ha hecho un llamado a la unidad social y política para defender esta importante infraestructura. Manifestó la urgencia de unir esfuerzos para asegurar la continuidad del trasvase en beneficio de la Región de Murcia.

El presidente ha reafirmado su compromiso de respaldar a los regantes de la región, indicando que el Gobierno regional seguirá tomando medidas jurídicas y políticas para defender sus derechos. López Miras ha destacado que no existe alternativa viable al caudal que provee el Tajo-Segura y mencionó que la posible reducción en 2027 coincidiría con un cierre significativo del acceso a aguas subterráneas. Ha solicitado ya al Ministerio una moratoria para prevenir este descalabro, advirtiendo que, de concretarse, no habrá solución alternativa disponible.

En cuanto a la opción de la desalación, López Miras ha aclarado que no es una solución factible, tanto por los costos como por las dificultades técnicas para llevar agua a las zonas interiores. También advirtió sobre los riesgos ambientales y los prolongados plazos de estas infraestructuras, citando el caso de la desaladora de Torrevieja, que tardó doce años en empezar a operar.

Por último, el presidente regional ha enfatizado que el recorte del trasvase no responde a consideraciones técnicas o científicas, sino que es una decisión estrictamente política. Insistió en que el Ministerio no puede justificarse en las sentencias del Tribunal Supremo, ya que estas solo aclaran competencias y no abordan la adecuación de las decisiones que se están tomando.