Desde 2020, el Ejecutivo de Fernando López Miras transporta construyendo de manera vanguardista diferentes medidas para llevar a cabo en frente de la okupación

MURCIA, 14 Jun.

El Gobierno de la Región de Murcia aseguró que prosigue desplegando su estrategia de "tolerancia cero" contra la okupación de casas y ha reforzado su pelea contra esta práctica ilegal con un servicio nuevo de consejos a fin de que el perjudicado conozca las distintas acciones que tienen la posibilidad de adoptar.

En esos casos que se considere que la persona se encuentra en situación de poder acogerse a la oportunidad de asistencia jurídica gratis, se le van a explicar los trámites y se le va a ofrecer la oportunidad de orientarle, proveyendo consejos para cumplimentar la documentación precisa.

Este servicio se efectuará a través del teléfono contra la okupación ('968-377000') que se activó el miércoles 1 de junio, con el objetivo de ofrecer una contestación mucho más instantánea y remarcar la atención adaptada a las víctimas de la okupación.

"Frente al creciente movimiento de la okupación en la Región de Murcia, el Ejecutivo regional dió un paso mucho más en su pelea y termina de arrancar un nuevo canal de comunicación que deje la detección y persecución de la venta o cesión fraudulenta y la ocupación de casas, conservando la identidad de los denunciantes", muestra el directivo general de Vivienda, José Francisco Lajara.

Desde 2020, el Ejecutivo de Fernando López Miras transporta construyendo de manera vanguardista, diferentes medidas para llevar a cabo en frente de todo el que que practique o fomente la okupación, con la intención de asegurar una convivencia popular pacífica y sosegada a todos y cada uno de los vecinos.

Pretende de este modo disuadir a estas bandas organizadas de que desarrollen su actividad delictiva en la Región de Murcia, como ahora sucede en comunidades vecinas, por el hecho de que esta clase de formas de proceder ilegales, aparte de incumplir la ley, crean focos de delincuencia y degradan las ciudades, así como aseguró el Gobierno regional.

Aunque las competencias en esta materia "dependen del Gobierno central", el Gobierno regional aseguró que desea realizar todo lo que resulta posible por atender a estas personas que padecen las secuelas de la okupación de sus casas o de aquellas que están en sus distritos o localidades.

"Haremos todo cuanto esté en nuestra mano para emprender esta cuestión pero es indispensable que el Gobierno central deje de ser templados y actúe contra este fenómeno pues si no lo realiza, de poco va a ser útil todas y cada una de las acciones que llevemos a cabo en la Región de Murcia", resalta el directivo.

Ha recordado que, desde noviembre de 2020, el Gobierno regional puso en marcha en un Canal de Denuncias anónimo ([email protected]) para alertar de manera ágil y fácil de supuestos casos de okupación en la Región que hasta hoy un total de 196 personas han alertado a la Comunidad de un presunto caso de okupación en su edificio o vecindario.

Gracias a este Canal se pusieron en conocimiento de las fuerzas de seguridad que son los eficientes en la evaluación de las situaciones y seguir según la legislación vigente en temas de okupación ilegal.

Este canal se apoya en la confidencialidad y en proteger la identidad del denunciante con el objetivo de que asegurar sobre todas las cosas la seguridad de la persona y eludir que sea objeto de represalias y amenazas. No está dirigido únicamente a dueños sino más bien asimismo a cualquier ciudadano que tenga supones o conocimiento de esta práctica ilegal.

El Canal de Denuncias se encuentra dentro de las medidas agarradas en el Decreto-Ley, aprobado por el Ejecutivo regional y que ubica a la Región como la primera red social autónoma de España en tener una regulación concreta para realizar en frente de la okupación ilegal de casas. El Decreto-Ley original se convirtió en la 'Ley por la que se establecen medidas de pelea contra la ocupación de casas en la Región de Murcia', y fue aprobada por la Asamblea Regional el pasado 18 de mayo de 2022.

"Con esta novedosa Ley, entre todos mandamos un mensaje claro a las mafias y vamos a batallar para eludir que se produzcan novedosas organizaciones delictivas que alienten, promuevan o justifiquen a los okupas", dijo el asesor de Fomento y también Infraestructuras, José Ramón Díez de Revenga en el parlamento regional el día de su aprobación.

Asimismo, indicó que "esta normativa precisa frente al apogeo del serio problema de la okupación desde 2015" y resaltó que "la Región de Murcia es vanguardista en su pelea", en tanto que impulsó varias medidas para eludir la proliferación de este fenómeno.

Desde el Ejecutivo regional resaltan que las políticas de hogar regionales han desarrollado una enorme red para ofrecer contestación instantánea a todas y cada una aquellas familias de la zona que están bajo riesgo de perder su hogar o lo perdieron por causas como la ejecución hipotecaria.

Así recuerdan que se han designado mucho más de 9 millones de euros a las entidades del tercer campo para el pago del alquiler de sus casas y costos de recursos, que han beneficiado a 3.200 familias garantizando su hogar por medio de estas subvenciones.

Lajara ha manifestado que, "las familias y personas que se ven envueltas en un desahucio de su vivienda frecuente son un colectivo prioritario en estas ayudas que, merced al trabajo coordinado entre la administración regional, las entidades del tercer ámbito y de los causantes de servicios sociales municipales se logra ofrecer una contestación ágil y eficiente para garantizarles un hogar". Además puso en valor el Servicio de Mediación Hipotecaria que el año pasado atendió a mucho más de 250 familias.

También puso de manifiesto el daño que hace la okupación en el parque de casas sociales. "Nos encontramos asistiendo a casos de okupación de casas sociales que se generan en el momento en que estas son reparadas y puestas predisposición de novedosas familias, muchas de ellas tras meses de espera", dijo el directivo.

En este sentido, explicó que, "gracias a esta okupación, muchas familias ven truncadas sus esperanzas puesto que los procesos de desalojo de estos okupas son increíblemente largos y en el momento en que abandonan la vivienda lo hacen ocasionando el mayor daño viable a exactamente la misma, con lo que se regresa a comenzar este período de espera sin limites para muchas familias".

Además del Canal de Denuncias, el Ejecutivo regional puso en marcha el Protocolo de detección temprana de un presunto delito de okupación ilegal de vivienda; y el Manual de buenas prácticas para eludir la okupación, por ejemplo medidas, con el objetivo de "respaldar a las familias, resguardar el derecho a la propiedad privada y eludir la humillación de nuestros distritos".

Asimismo formó la 'Mesa contra la Okupación' para arrancar medidas para combatir contra la usurpación y allanamientos de casas y batallar la expansión de este fenómeno ilegal en la Región de Murcia.

Este órgano acordó ofrecer al Gobierno central remarcar el derecho de propiedad de todas y cada una de las casas, sean primera o segunda vivienda, para ofrecer seguridad a sus dueños en frente de la okupación.

También solicitó el reconocimiento de las comunidades de vecinos como actores que logren soliciar el desalojo de okupas que actúen de manera incívica en la red social "ya que son los primordiales damnificados". Estos son 2 de los planteamientos de la Mesa se elevaron al Gobierno central a fin de que se recogiese en la reforma de la ley de vivienda que en ese instante preparaba el Estado, y de la que no consiguió contestación alguna.

"Los datos detallan --sin espacio para la duda-- que la okupación es un inconveniente que se está generando, y cuya inclinación es creciente. Así que sería injustificable no accionar, o no llevarlo a cabo con determinación", ha manifestado el directivo que volvió a reivindicar que el Gobierno central se tome seriamente esta cuestión.