• jueves 01 de diciembre del 2022
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La juez acuerda proseguir la investigación a Valcárcel por la situacion de la desaladora de Escombreras

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La titular del juzgado de Instrucción 1 de Murcia concluye las diligencias de investigación de la segunda parte del caso 'La Sal'

MURCIA, 17 Oct.

La jueza del juzgado de Instrucción número 1 de Murcia, en un coche notificado este lunes, acuerda que prosiga el trámite contra el ex- presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel, investigado en las segundas diligencias abiertas tras la demanda de irregularidades en el emprendimiento de la planta desalinizadora de Escombreras, actuaciones conocidas en el argot policial y periodístico como caso 'La Sal II' o caso 'Desaladora II'.

Estas diligencias tienen su origen en las instruidas en el juzgado de Instrucción número 5, de las que se dedujo testimonio para investigar la participación del expresidente en los hechos allí denunciados, según detallaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJMU) en un aviso.

Cabe rememorar que esa primera investigación se centró en los integrantes del consejo de administración del Ente Público del Agua y la Empresa Pública de la Desaladora de Escombreras, entre ellos el ex- asesor de Agricultura y Agua y presidente del Ente, Antonio Cerdá, en lo que la resolución llama "parte pública"; y los gestores o representantes de las mercantiles, o "parte privada".

El segundo trámite, dirigido contra el expresidente, fue en un inicio archivado en el primer mes del año de 2021 y más tarde reabierto tras un recurso de apelación del Ministerio Fiscal.

Así, en este momento, la instructora partiendo de las advertencias realizadas por la Audiencia Provincial de Murcia en la resolución de 30 de marzo de 2022 que anuló el previo coche de sobreseimiento, procede al examen de los datos y también rastros, "sin apartarse del método valorativo" que aquella marcó, "resaltando el papel garante, como máximo responsable de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM), atribuido al investigado".

Con la idea de que el investigado, como presidente de la Región de Murcia, "conocía sus obligaciones y era garante del cumplimiento de la legalidad y en todos y cada uno de los pasos que condujeron a la adquisición de la desaladora intervino por acción u omisión colaborando de esa manera a su ejecución", la resolución cuenta "la cronología real de todos y cada uno de los contratos festejados en torno al Proyecto de la Desaladora de Escombreras y la supuesta connivencia de la parte pública y privada".

Esto es, así como señala el artículo, "el concierto entre la Comunidad Autónoma (siendo el investigado, presidente del Consejo de Gobierno) a través de la Consejería de Agricultura y Agua (ligado jerárquicamente del investigado)" y 2 compañías privadas, "investigados todos ellos en el Juzgado de Instrucción nº5 de Murcia en DP 956/16".

Y más tarde, recogiendo el método de la Audiencia Provincial de Murcia, Sección Segunda, expuesto precisamente en el Auto 339/22 de 30 de marzo de 2022, la titular destaca que "hay datos objetivos que tengan la posibilidad de avalar que el aquí investigado conocía y sabía lo que iba pasando con la desaladora y de sus incidencias mucho más graves".

Datos que, como ahora apuntaba el órgano colegiado, se desprenderían de las propias funcionalidades de su cargo, los jalones escenciales del emprendimiento, las explicaciones del investigado, las afirmaciones realizadas por otros causantes y presentes, aparte de la reportaje, a los que se hizo referencia. Datos objetivos que se relacionan en los argumentos jurídicos de la resolución organizados en seis apartados.

Tras extractar estos de las afirmaciones, la documentación requisada en los registros y los reportes, en la voluminosa prueba practicada, la juez concluye que hay rastros de que el emprendimiento de la Desaladora fue impulsado desde la Presidencia de la Comunidad Autónoma de Murcia por el investigado, "que ordenó la adquisición de la desaladora y que conocía todos y cada uno de los pasos que se brindaron".

"De modo indiciario, dada la etapa de trámite donde estamos", la jueza enseña que "la actuación del investigado podría considerase activa al efectuar actos liderados a beneficiar el ilícito plan desarrollado entre la parte pública y privada".

Todo ello, añade la jueza, "con un emprendimiento de construcción de la desaladora que semeja conculcar de forma directa la Ley de Aguas y las reglas reguladoras del contrato de concesión de obra pública (regulado en el Libro II, Título V del TRLCAP 2/2000), realizado con un consejos jurídico privado".

Además, apunta que se habría realizado "sin la presencia de reportes profesionales ni de fiscalización económica precisa (ya que la operativa desarrollada evitaba intencionadamente estos controles), sin asistir a probables fórmulas de administración indirecta o concesión, amparadas por la Ley 4/1997, de 24 de julio, de construcción y explotación de infraestructuras de la Región de Murcia (producto 5)".

Igualmente, la juez apunta que se habría realizado "colaborando de manera importante con la adopción de pactos en el seno del Consejo de Gobierno encabezado por exactamente el mismo, que más allá de que en sí podrían no ser ilegales, iban dando permiso la operativa desde el comienzo desarrollada".

"O, de modo alterno podría imputarse una actuación omisiva ya que estando en situación de garante, sostuvo una actuación pasiva a lo largo de varios años frente al emprendimiento de conseguir una desaladora con inversiones millonarias comprometiendo el patrimonio de la CARM, más allá de la oportunidad de haber intervenido de modo directo por su situación de dominio del hecho", así como apunta el coche.

El Ministerio Fiscal y las acusaciones particulares presentadas tienen 30 días --"dada la extensión y dificultad de los coches", enseña la resolución-- para pedir la apertura del juicio oral, elaborando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa. Excepcionalmente, podrían soliciar, con carácter previo, la práctica de alguna diligencia complementaria.

La resolución no es estable y contra ella cabe recurso de reforma y/o apelación.

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