La planificación urbana puede perpetuar desigualdades de género y bienestar
Un estudio liderado por la Universidad de Murcia revela que las infraestructuras públicas y la planificación urbana actual no son neutrales, sino que influyen en el bienestar cotidiano y mantienen desigualdades sociales y de género. La investigación, financiada por la Agencia Estatal de Investigación y la Unión Europea, analiza cómo el diseño de las ciudades afecta de manera diferente a diversos colectivos.
Este trabajo forma parte de la red europea EuWIGeN y coincide con un simposio internacional sobre nuevas métricas para decisiones públicas, que se realiza en la Universidad de Murcia del 11 al 13 de junio. La profesora Gloria Alarcón explica que las políticas públicas tienden a suponer una supuesta universalidad, pero en realidad refuerzan la exclusión y marginación si no consideran las diferencias de género y otras variables sociales.
El estudio destaca que muchas infraestructuras urbanas, como redes de transporte o espacios públicos, están diseñadas para un modelo de movilidad centrado en el desplazamiento entre vivienda y trabajo, que históricamente favorece a los hombres. En cambio, muchas mujeres combinan el empleo con tareas de cuidado, lo que requiere un acceso más flexible y conectado a centros de interés vital.
Desde una perspectiva de política pública, invertir en infraestructuras que faciliten la conciliación, la salud y la participación social puede reducir desigualdades. La investigación propone un nuevo índice, el WIGI, que mide cómo las infraestructuras impactan en las capacidades reales de las personas y en su bienestar, considerando factores como autonomía, salud emocional y relaciones sociales.
El estudio también señala que el impacto de estas infraestructuras varía según la etapa vital de las mujeres. Por ejemplo, las de 31 a 44 años valoran principalmente los servicios de conciliación, mientras que las mayores de 65 priorizan el acceso a espacios de ocio y participación social. La futura planificación urbana deberá tener en cuenta estas diferencias para promover una sociedad más equitativa y saludable.
Este enfoque sienta las bases para una política urbana más inclusiva y consciente de las desigualdades estructurales. La integración de nuevas métricas y la revisión del gasto público en infraestructuras pueden marcar un cambio hacia ciudades que fomenten el bienestar de todos sus habitantes, en un contexto político que busca responder a las demandas sociales de igualdad y sostenibilidad.