MURCIA, 4 de noviembre.

La Región de Murcia presenta un panorama alarmante con un total de 785 puntos considerados "conflictivos". Estos lugares son susceptibles a situaciones que podrían agravar notablemente los riesgos o efectos de inundaciones, según el Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones de la Región de Murcia, conocido como Plan Inunmur, del que se han hecho eco diversas fuentes.

Este plan se erige como el marco general para la intervención en la Comunidad Autónoma con respecto a la prevención de desbordamientos e inundaciones. Por tanto, destaca la necesidad de incorporar el riesgo de inundación en cualquier planificación territorial, lo cual es crucial para garantizar la seguridad de las personas, sus bienes y, en términos amplios, la actividad humana en el territorio.

Dentro del mencionado plan, se incluye un anexo donde se documentan los 785 puntos inundables que han sido identificados a partir de precipitaciones 'in situ', los cuales han sido clasificados como "conflictivos" tras un exhaustivo análisis de riesgo.

En cuanto a la distribución municipal de estos puntos problemáticos, la ciudad de Murcia destaca con 74 puntos conflictivos, seguida de Cartagena con 60, Jumilla con 55, Lorca con 41, Mazarrón con 36, Totana con 35 y Fuente Álamo con 33.

Es importante señalar que el Plan define como "puntos conflictivos" aquellos lugares donde las intervenciones humanas en el medio natural, o las características geomorfológicas del terreno, podrían dar lugar a situaciones que incrementen considerablemente los riesgos o efectos de inundaciones.

La identificación de estos puntos ha sido posible gracias a un riguroso proceso de recopilación de datos provenientes de medios de comunicación locales y nacionales, así como de encuestas realizadas en cada uno de los municipios.

En el trabajo de identificación, se han considerado diferentes tipos de riesgos de inundación. En lo que concierne a los orígenes naturales relacionados con cursos de agua de diversas características hidrográficas, el Plan ha tenido en cuenta aspectos como los valles fluviales, conos aluviales, así como la desaparición de cauces o alteraciones en su régimen de escurrimiento.

Los riesgos de origen humano también han sido cuidadosamente analizados, incluyendo aquellos derivados de la escorrentía urbana y posibles roturas en sistemas de almacenamiento y conducción de agua de gran capacidad.

Durante los trabajos de campo, se hizo especial hincapié en reconocer las áreas afectadas por cursos de agua que, ubicados en las cercanías de los núcleos poblacionales, presentan una problemática que puede solaparse con las áreas impactadas por cauces mayores durante episodios de inundación, tal como señala el Plan.

El informe general considera varios factores que afectan a cada zona identificada, prestando especial atención a la confluencia de cauces donde se incrementa el peligro de desbordamiento debido a la interacción de corrientes opuestas y la erosión de las márgenes. Además, se evalúa el desnivel del cauce, factor que refleja la energía cinética del agua.

Otros elementos relevantes incluyen cambios en la pendiente que limitan la capacidad de desagüe, así como cerramientos como muros y vallados que actúan como barreras, afectando la escorrentía. También se revisó el impacto de infraestructuras lineales como caminos y carreteras, que pueden funcionar como barreras o laminadores debido a un inadecuado drenaje transversal, ya sea por mal diseño o deterioro, así como el potencial de obstrucción por acumulación de sólidos.

Asimismo, se evaluaron los efectos de la agricultura en la superficie, que modifica la rugosidad del terreno y la capacidad de infiltración, incrementando los arrastres y alterando drásticamente la capacidad de desagüe de los cauces. La urbanización también se ha considerado un factor preocupante, ya que acelera la escorrentía superficial al sellar el suelo.

Entre los problemas detectados destacan el subdimensionamiento y las deficiencias en la red de drenaje pluvial, así como las medidas preventivas, tanto públicas como privadas, que se han aplicado, algunas de las cuales pueden no haber sido intencionadas.

Para la elaboración del Plan, también se han tomado en cuenta edificaciones e infraestructuras de paso, como puentes y badenes, que afectan la movilidad del agua; además, escombreras y terraplenes en las cercanías de los cauces que pueden obstaculizar su capacidad de desagüe debido al aterramiento.

Otro aspecto considerado es la degradación o desestabilización de las protecciones naturales y artificiales de las márgenes, producto de actividades como la extracción de áridos o prácticas agrícolas inadecuadas, así como los efectos imprevistos en los cruces de carreteras.

Finalmente, el Plan tuvo en cuenta también indicadores clave que reflejan la magnitud de las inundaciones, como la profundidad del agua, la velocidad de la corriente, la duración de la inundación y el volumen de sedimentos acumulados. Además, se analizó la vulnerabilidad de las zonas en términos de incomunicación y el impacto en bienes materiales y servicios públicos afectados.

Constantemente, se han registrado aquellas áreas que han experimentado periódicamente los efectos de inundaciones, así como otras donde existe la posibilidad de ser afectadas por causas que pudieran generar nuevos escenarios de riesgo.