Crónica Murcia.

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Las autoridades autonómicas exigen al gobierno central que aclare la necesidad de que los estudiantes en prácticas contribuyan a la Seguridad Social.

Las autoridades autonómicas exigen al gobierno central que aclare la necesidad de que los estudiantes en prácticas contribuyan a la Seguridad Social.

MURCIA, 20 Oct.

El Gobierno regional ha expresado su preocupación al Ejecutivo central por la obligación que comenzará a regir el 1 de enero de 2024, la cual establece que los alumnos que realicen prácticas formativas o prácticas externas deberán cotizar a la Seguridad Social. Además, ha solicitado que la normativa proporcione recursos y seguridad jurídica, según ha comunicado la Comunidad en un comunicado de prensa.

El consejero de Educación, Formación Profesional y Empleo, Víctor Marín, ha enviado cartas a los ministros de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría; de Universidades, Joan Subirats; y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, en las que destaca las "contradicciones" entre el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social y la normativa que regula la Formación Profesional. Esta última no considera como prácticas las estancias formativas de los alumnos en las empresas.

Marín ha informado de esta iniciativa durante su visita a la Asociación Empresarial de Sociedades Labores y Participadas de la Región de Murcia (Amusal), que ofrece ciclos de Formación Profesional.

Para el titular de Educación, "la obligación de que los alumnos coticen supondrá un coste adicional y reducirá el número de empresas que ofrecen prácticas, dificultando la formación del alumnado. El sector empresarial y las universidades se oponen a esta propuesta, ya que necesitan facilidades para promover la Formación Profesional y las prácticas, pues las empresas que acogen a los alumnos en prácticas son clave para el éxito de esta modalidad educativa".

En la carta, el consejero ha mencionado "el aluvión de consultas y preocupaciones de los centros docentes y de muchas empresas, incluyendo organismos públicos, que han manifestado el riesgo de continuidad en los programas de formación bajo estas circunstancias, algo que ya han puesto de manifiesto las comunidades en las distintas reuniones mantenidas con el Ministerio".

Asimismo, hace referencia a "la falta de conocimiento de la Tesorería General de la Seguridad Social sobre el funcionamiento de las enseñanzas y las características de los alumnos de Formación Profesional, quienes son menores de edad, algunos trabajan y estudian simultáneamente, generando así una doble afiliación a la Seguridad Social, y otros se encuentran en situación irregular en España. Además, no se ha determinado si esta cotización es compatible con el desempleo".

En la carta, el consejero explica que "el curso escolar ya ha comenzado y, como estudiantes que son, a los alumnos no se les ha solicitado el número de afiliación en la matrícula. Además, algunos de ellos ya han comenzado sus prácticas en empresas, a las que no se les deberían cambiar las condiciones a mitad de curso".

El titular de Educación ha solicitado la realización de la Conferencia Sectorial de Educación, en la que participen, además del Ministerio de Educación y Formación Profesional, el Ministerio de Universidades y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, con el fin de "abordar todos los problemas antes del inicio efectivo de esta medida".

Además, Marín ha exigido "como todas las comunidades autónomas han solicitado en múltiples ocasiones", una comunicación conjunta entre las administraciones educativas y el Ministerio de Educación y Formación Profesional con el resto del Gobierno central en este asunto tan delicado, que implica un costo adicional para el tejido productivo nacional y para todos los alumnos de Formación Profesional".