El presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, ha comunicado en la reciente sesión de Control de la Asamblea Regional que su administración procederá a presentar un nuevo proyecto de ley sobre vivienda. Esta decisión se produce tras la negativa de los partidos de oposición a convalidar el Decreto-ley 3/2025, que contemplaba medidas urgentes en el ámbito de la vivienda y planificaba la ordenación urbanística. López Miras ha denunciado que esta acción ha supuesto un obstáculo para la creación de 25.000 viviendas asequibles destinadas a jóvenes y familias, y ha subrayado que el Gobierno no se dejará intimidar por los intereses políticos de los partidos PSOE y Vox, afirmando que “la Región de Murcia requiere soluciones inmediatas y concretas en materia de vivienda”.

El mandatario regional ha resaltado que la propuesta de ley fue discutida y acordada con diversos sectores y profesionales de la vivienda, con el objetivo de facilitar el acceso a suelo, reducir tiempos de tramitación, asegurar la legalidad y revitalizar áreas urbanas y desarrollos en suspenso. Según López Miras, la decisión de la oposición de rechazar esta norma ha sido injustificada, dado que se trataba de un proyecto que podía beneficiar a miles de ciudadanos. De este modo, ha anunciado que su gobierno se encuentra ya en la etapa de formalizar la Ley de Vivienda Asequible y se comprometió a acelerar los procesos necesarios para que llegue a la Asamblea lo antes posible.

En el mismo contexto, el portavoz del Partido Popular, Joaquín Segado, ha destacado que la anulación del decreto gubernamental ha llevado a una incertidumbre alarmante en los planes municipales, además de provocar que terrenos destinados a la construcción de viviendas regresen a un proceso burocrático complicado. En su intervención, Segado acusó a los sectores opositores de tomar decisiones en contra de aquellos jóvenes y familias que buscan un hogar, rechazando un recurso que podría haber ayudado a disminuir los precios y facilitar las licencias. Recordó que el PP había ofrecido proceder con la tramitación de la norma como proyecto de ley, sugiriendo posibles enmiendas, pero PSOE y Vox optaron por desestimar esta opción de diálogo.

La sesión también abordó cuestiones de provincia relacionadas con la sanidad, la seguridad y el medio ambiente. La representante del PSOE, Carmina Fernández, criticó que hay 1.223 mujeres en la Región de Murcia a la espera de una mamografía, acusando al Gobierno de carecer de transparencia por no presentar datos del programa de screening de cáncer de mama desde 2022. Fernández lamentó que, a pesar de las promesas de ampliación del programa a mujeres de 45 a 74 años, se haya admitido que dicha implementación no se concretará hasta 2027, evidenciando un aumento del 33 por ciento en los tiempos de espera, y solicitó la creación de una comisión de investigación sobre estos retrasos.

Por su parte, López Miras ha rebatido la existencia de listas de espera en el programa de mamografías, asegurando que todas las solicitudes efectuadas por profesionales de la salud se están atendiendo en un promedio de 19 días. También acusó al PSOE de difundir información incorrecta sobre un asunto tan crucial como es la salud femenina, defendiendo que los que realmente perjudican a las mujeres son los socialistas, quienes antes aprobaban leyes contradictorias en temas de violencia de género.

El portavoz de Vox, José Ángel Antelo, también expresó su preocupación por el incremento de delitos en la Región, mencionando un aumento del 33 por ciento en homicidios y del 25 por ciento en agresiones sexuales, y atribuyó esta problemática a la inmigración ilegal. Antelo criticó al Gobierno regional por fomentar la llegada de centros destinados a inmigrantes ilegales, afirmando que ninguna localidad se encuentra a salvo de la inseguridad ni de ocupaciones. En respuesta, López Miras indicó que la seguridad es una responsabilidad del Estado, y recalcó que su administración ha realizado esfuerzos significativos con el plan “Región de Murcia más segura”, el cual destina 120 millones de euros para incorporar 3.000 policías locales y establecer nuevas comisarías.

Finalmente, la portavoz del Grupo Mixto (Podemos-IU-AV), María Marín, preguntó qué acciones se han implementado desde la DANA de 2019 para evitar futuras inundaciones en el Mar Menor, acusando al Gobierno de no contar ni con un plan antiinundaciones ni con un plan de ordenación territorial. Marín indicó que la eliminación de la moratoria urbanística en 2023 ha dejado la región más vulnerable a posibles desastres. En respuesta, López Miras destacó que la Comunidad ha invertido más de 75 millones de euros en sistemas de drenaje y tanques de tormenta en varias localidades, afirmando que estas instalaciones han prevenido que 200.000 metros cúbicos de agua contaminada lleguen al Mar Menor. Asimismo, hizo un llamado al Gobierno central y a la Confederación Hidrográfica del Segura para que tomen medidas en los cauces fluviales, reconociendo que la Comunidad no tiene poder sobre estos aspectos.