En una reciente sesión de control en la Asamblea Regional, el presidente del Gobierno autonómico, Fernando López Miras, informó que tanto él como el ministro de Industria han enviado una solicitud urgente al CEO de Sabic. El objetivo de esta comunicación es buscar aclaraciones sobre la reciente decisión de la compañía acerca de la venta y el eventual cierre de su planta ubicada en Cartagena.

Durante el debate, la diputada del Grupo Mixto, María Marín, planteó inquietudes sobre las acciones que se están tomando para salvaguardar los más de 500 empleos directos y miles de trabajos indirectos que dependen de la empresa. Marín instó al presidente a luchar para evitar que Sabic caiga en manos de "fondos buitres" y criticó a Vox por asociar el cierre de la planta con las políticas medioambientales, acusando a la formación de incitar al odio en el Pleno en lugar de ofrecer soluciones efectivas.

López Miras respondió enfatizando que su administración ha seguido las solicitudes del comité de empresa para contactar a la compañía. Según el presidente, el comité les había pedido que exigieran a Sabic asumir la responsabilidad de la situación y aclarar quién tomará el control sobre el futuro laboral de los empleados.

El presidente también consideró la carta enviada al CEO como un paso fundamental para obtener respuestas sobre la venta de la planta, el proceso de cierre y el futuro de los trabajadores. "Esto es tomar responsabilidad", afirmó, mientras criticaba a quienes buscan alimentar la incertidumbre y el temor en la ciudadanía.

En otro momento de la sesión, el portavoz de Vox, José Ángel Antelo, planteó preocupaciones sobre la seguridad en la Región, señalando que 2025 fue el año más violento registrado hasta la fecha. Antelo apuntó que Murcia cuenta con menos agentes de Policía Nacional y Guardia Civil por habitante en comparación con otras comunidades, y exigió al Gobierno regional que tome medidas para revertir esta tendencia y presione a los ayuntamientos para maximizar la presencia de policías locales.

López Miras coincidió en la importancia de la seguridad y destacó que su gobierno ha sido el más comprometido en este ámbito. Sin embargo, recordó que la seguridad pública es competencia del Estado según la legislación vigente y acusó a Vox de intentar desviar la atención sobre las verdaderas responsabilidades. A pesar de esto, anunció un significativo programa de seguridad con un presupuesto de 120 millones de euros y el programa “Ocio Seguro” para trabajar con los ayuntamientos en la mejora de la seguridad durante los fines de semana.

Por otro lado, el Grupo Parlamentario Popular inquirió sobre los objetivos para 2026. López Miras destacó que la Región cerró 2025 con cifras récord en empleo, menos desempleo desde 2007 y máximos históricos en el número de autónomos y exportaciones. Mencionó como prioridades la vivienda, la seguridad, la educación, la sanidad y la defensa del trasvase Tajo-Segura.

En el ámbito de vivienda, reveló que el Consejo de Gobierno planea retomar la tramitación de la Ley de Vivienda regional, con la meta de construir 25.000 viviendas en un plazo de cinco años. "Hemos estado abiertos a escuchar y dialogar, pero no podemos cerrar la puerta a los jóvenes con una ley de vivienda asequible", subrayó.

Por último, en relación a temas de sanidad, el PSOE demandó un "compromiso concreto" para 2026, abogando por un aumento en el número de profesionales y la disminución de listas de espera. La diputada Carmina Fernández critico al presidente por carecer de plazos y compromisos claros, señalando que el Gobierno regional rechazó una propuesta estatal que podría haber incrementado la financiación en 1.200 millones de euros anuales.

En respuesta, López Miras aseguró que los médicos se han manifestado en contra del Estatuto Marco propuesto por el Gobierno español y afirmó que su administración se compromete a invertir hasta el último euro necesario para asegurar una sanidad pública de calidad.