En un movimiento que ha generado controversia, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha suscrito una orden ministerial que establece "la urgencia y excepcional interés público de las obras en el recinto del antiguo Hospital Naval de Tentegorra". Esta medida permite al ministerio llevar a cabo cualquier tipo de intervención sin necesidad de buscar licencia municipal, lo que ha levantado preocupaciones en el ámbito local.

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha abordado esta cuestión en una junta extraordinaria de portavoces, donde se puso de manifiesto la alarma por los "graves incumplimientos" que se han detectado. El concejal de Infraestructuras y Urbanismo, Diego Ortega, mencionó deficiencias significativas, como la falta de medidas de seguridad contra incendios en las carpas instaladas, así como el hecho de que la ubicación del recinto es en una zona propensa a inundaciones. Arroyo también ha revelado que el informe solicitado de manera no vinculante por el ministerio ha sido presentado por los técnicos del ayuntamiento, quienes han concluido que los planes actuales son "incompatibles" con el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

En los últimos meses, el Ayuntamiento ha impuesto dos expedientes sancionadores tras constatar que las reformas destinadas a habilitar 300 camas y la instalación de carpas se realizaban sin la debida autorización. Las autoridades locales subrayan que "no solo faltaba la licencia, sino que el uso residencial asignado es incompatible con el PGOU, que clasifica la parcela como un 'sistema general de equipamiento comunitario', reservado para funciones de defensa y protección". Los problemas se agravan por la localización del recinto, que está dentro de una zona de protección de la Rambla de Canteras y se encuentra en una área que puede inundarse con un periodo de retorno de 500 años, lo que requeriría autorizaciones que hasta el momento no han sido presentadas. Además, las carpas "no cumplen con los estándares de resistencia al fuego establecidos en el Código Técnico de la Edificación, un hecho que reviste especial gravedad dado que su uso es residencial", han advertido.

La alcaldesa, Noelia Arroyo, ha criticado abiertamente la decisión del ministerio, que limita la capacidad del Ayuntamiento a emitir un informe no vinculante sobre las actuaciones. Arroyo ha manifestado que esto "demuestra la falta de sensibilidad hacia Cartagena, la única ciudad en España que recibe migrantes tanto en patera como en aviones procedentes de Canarias". La alcaldesa ha argumentado que "esta situación no es lógica ni justa", denunciando también el "incumplimiento sistemático de los compromisos por parte del ministerio". Lo que comenzó como un campamento temporal para 600 personas se ha extendido más allá de un año de funcionamiento, alcanzando ya más de 1,000 residentes, lo que genera una concentración excesiva y plantea serios riesgos para la convivencia, además de sobrecargar los servicios sociales municipales.

El Ayuntamiento ha insistido en la necesidad de que "la gestión de los flujos migratorios debe ser equilibrada y respetar la capacidad de cada territorio". Por ello, Cartagena exige al ministerio "que cumpla sus compromisos, reconsidere su decisión y garantice una distribución más equitativa de responsabilidades entre las distintas regiones". Mientras tanto, el consistorio "continuará vigilando y actuando dentro de sus competencias para asegurar el cumplimiento de la legalidad en el recinto del antiguo Hospital Naval y proteger los intereses de la ciudad".