La comunidad autónoma de Murcia ha alzado la voz en contra de la reciente iniciativa del Ministerio de Juventud e Infancia, que propone un reparto obligatorio de menores migrantes. Según el Gobierno regional, este Real Decreto es considerado "inconstitucional", ya que argumentan que vulnera las competencias propias de las comunidades en lo que respecta a la protección de la infancia. Ante esta situación, han decidido interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional.

Las autoridades murcianas han expresado también su descontento con la cantidad de financiación destinada por el Ministerio para la atención de estos menores. La cifra de algo más de 1,7 millones de euros, destinada a atender a 133 menores migrantes provenientes de Canarias, Ceuta y Melilla, se tildó de "ridícula e insuficiente" para garantizar una acogida digna.

Desde la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad de Murcia han señalado que esta situación parece favorecer a comunidades como el País Vasco y Cataluña, insinuando que el gobierno central busca mantener a Pedro Sánchez en la Moncloa a costa de desatender las necesidades de otras regiones. Este planteamiento surge tras darse a conocer que no se prevé el envío de menores a estas comunidades, evidenciando un sesgo en la distribución de recursos.

De este modo, la comunidad murciana continúa su lucha por ser escuchada y respetada en sus competencias, rechazando un modelo que, según sus líderes, perjudica a los más vulnerables en su territorio y favorece a las regiones más afines al actual gobierno.