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Jueves, 19 de noviembre de 2026 Edición Murcia · Red Crónica
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Psiquiatras concluyen que el acusado del crimen de Beniel era plenamente responsable

Los psiquiatras declaran que el acusado del crimen de Beniel mantenía sus facultades en el momento del delito, a pesar de las alegaciones de la defensa y su consumo de drogas.

Redacción automática · Crónica Murcia 2 min de lectura

Los peritos psiquiatras que evaluaron al acusado del asesinato en Beniel en enero de 2025 han determinado que mantenía sus facultades cognitivas y volitivas en el momento del crimen. El joven, que causó al menos 25 heridas con un listón de madera, actuó con plena conciencia de sus acciones.

Este informe contrasta con las alegaciones de la defensa, que argumentaba que el acusado sufría un trastorno límite de la personalidad y había consumido drogas en las horas previas. Sin embargo, los expertos han señalado que no había síntomas que invalidaran su juicio en el momento de los hechos.

El juicio, celebrado en la Audiencia Provincial de Murcia, ha puesto en evidencia la solidez de la imputabilidad del acusado, quien ofreció un relato coherente y ocultó detalles para no ser descubierto. Además, no presentó síntomas de abstinencia ni psicosis tras su ingreso en prisión preventiva.

Por su parte, las médicas forenses que realizaron la autopsia han confirmado que la víctima falleció tras recibir múltiples impactos en la cabeza y cara, con fracturas severas y lesiones encefálicas, en un ataque iniciado por la espalda mientras la víctima estaba junto a su bicicleta. La elevada alcoholemia del fallecido, de 2,54 g/l en sangre, también influyó en su estado de confusión.

Este caso refleja las complejidades del sistema judicial ante delitos graves y las evaluaciones psiquiátricas que determinan la responsabilidad. La decisión de los peritos reitera la importancia de la objetividad en estos procesos y puede influir en futuras decisiones judiciales en casos similares.

En un contexto político más amplio, este asunto refuerza el debate sobre la eficacia de los sistemas de salud mental en la prevención de delitos y la necesidad de una legislación que garantice una justicia equilibrada, considerando los aspectos clínicos y sociales que rodean estos hechos.

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