Rehabilitación de 23 km de firmes sostenibles en Murcia con 4,2 millones
Transportes inicia la rehabilitación de 23 km de carreteras en Murcia con 4,2 millones, usando asfalto sostenible financiado por fondos europeos.
El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha iniciado la rehabilitación de 23 kilómetros de carreteras en la Región de Murcia. La inversión total asciende a 4,27 millones de euros, financiados mediante fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). La intervención se centra en la renovación de firmes en las carreteras N-345 y N-342, priorizando criterios de sostenibilidad y eficiencia energética.
El proyecto contempla la sustitución de las capas deterioradas por un asfalto sostenible, diseñado para reducir las temperaturas en su fabricación y promover la reutilización de materiales. La primera fase afecta a la N-345, entre los puntos 0 y 7,1, en La Unión. Las obras requerirán el cierre total de esta vía en ambos sentidos desde el 20 de abril hasta el 15 de mayo.
Para facilitar la movilidad, se ha establecido un itinerario alternativo señalizado que conecta con vías municipales y autonómicas. La medida busca mitigar el impacto en el tráfico y garantizar la seguridad de los usuarios durante los trabajos.
Estas actuaciones forman parte del programa EFAPAVES, que busca reducir las emisiones de carbono en la construcción de firmes. La iniciativa también promueve la reutilización de materiales y la disminución del transporte de suministros.
Esta fase inicial de renovación de firmes en siete comunidades autónomas, incluyendo Murcia, refleja una estrategia política orientada a modernizar la infraestructura vial con criterios sostenibles. La inversión en estas obras responde a una política de apuesta por la movilidad ecológica y la eficiencia energética en la red estatal.
En el contexto político, estas obras refuerzan el compromiso del Gobierno con los fondos europeos y con la transición ecológica. La continuidad de estos proyectos dependerá de la disponibilidad de fondos y de la coordinación con las administraciones regionales, en un momento en que la Agenda 2030 y la lucha contra el cambio climático marcan prioridades políticas y económicas.