Un reciente fallo judicial ha llevado a la condena de un individuo identificado como M.K., quien se enfrentó a cargos por violación. Este caso ha sido especialmente impactante para la comunidad, ya que el acusado, tras reconocer su culpabilidad durante el juicio, deberá cumplir con una pena de 10 años en prisión y enfrentarse a severas restricciones en su futuro.

El incidente tuvo lugar en un supermercado de Murcia, donde el acusado estaba trabajando. Según han reportado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJMU), la sentencia se basa en el testimonio y las pruebas presentadas durante el juicio. Al parecer, cuando la víctima se disponía a pagar por un pedido, el acusado entró de forma sigilosa en su habitación, abordándola de manera violenta.

Los hechos constatados en el juicio indican que el hombre utilizó una navaja para intimidar a la mujer, impidiéndole gritar o defenderse. Le rasgó la camiseta y le quitó el pantalón corto, agrediéndola sexualmente en su propia cama. Para mayor horror de la víctima, al finalizar el ataque, M.K. la amenazó con violentas consecuencias si decidía denunciar el asalto.

La condena no se limita únicamente a la prisión. Una vez cumplida la pena de encarcelamiento, M.K. deberá someterse a un régimen de libertad vigilada durante 8 años. Este régimen incluye una estricta prohibición de acercamiento a la víctima, a menos de 300 metros, así como la restricción de cualquier forma de contacto o comunicación. Además, su carrera profesional se verá severamente limitada al ser inhabilitado para cualquier empleo o actividad que implique interacción con menores durante un periodo de 10 años.

Durante el proceso judicial, el acusado ha accedido a compensar a la víctima con 6.200 euros, cantidad que ha sido consignada como responsabilidad civil. El reconocimiento de los hechos por parte de M.K. ha llevado al Ministerio Fiscal a ajustar sus conclusiones, incluyendo el reconocimiento de una atenuante por la reparación del daño, lo que ha influido en la decisión del tribunal.

De acuerdo con la sentencia, el tribunal ha impuesto la pena de 10 años de prisión, una decisión alineada con la solicitud del fiscal. Este castigo ha sido considerado adecuado en función de la gravedad del delito, el uso de violencia y la amenaza con un arma. Aunque el tribunal reconoció el arrepentimiento del acusado, la naturaleza de sus acciones ha prevalecido en la decisión judicial.

Finalmente, es importante destacar que la resolución es firme y no admite apelación. Todas las partes involucradas han expresado su conformidad con el veredicto y han manifestado una voluntad colectiva de no recurrir la sentencia, lo que permite un cierre definitivo al caso y la oportunidad para la víctima de comenzar su proceso de sanación.