Recientemente, un informe ha revelado una reducción significativa en el caudal ecológico del río Tajo en Aranjuez, con un drástico descenso de 70 hectómetros cúbicos anuales a causa del recorte en el trasvase hacia el Segura.

La consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, compareció en la Asamblea Regional para analizar la grave repercusión económica y social de esta medida. Señaló que este recorte, calificado como el "segundo escalón del hachazo", tiene efectos devastadores en la región.

Rubira explicó que, según expertos, el nuevo Plan del Tajo podría implicar una disminución del 50% en el agua destinada al riego, bajando de una media de 202 hectómetros cúbicos anuales a apenas 100 para el año 2027.

En su análisis, la consejera advirtió que esto podría traducirse en pérdidas económicas cercanas a los 870 millones de euros, así como la eliminación de 21,500 empleos y una caída del 30% en la producción agrícola de la región.

“No podemos aceptar estos impactos”, enfatizó Rubira, subrayando que esta situación representa una verdadera catástrofe regional. Llamó a los grupos políticos a definirse claramente sobre su postura respecto al trasvase y a no ceder ante las presiones del Gobierno central.

La consejera describió el recorte del trasvase como un "ataque político e ideológico" y defendió su importancia como motor de desarrollo y sostenibilidad en una zona que enfrenta grandes desafíos hídricos.

Rubira subrayó que el debate va más allá de cifras de agua; afecta a unas 132,000 hectáreas de tierras de cultivo que han contribuido enormemente al Producto Interno Bruto (PIB) y al empleo nacional, generando más de 3,900 millones de euros y alrededor de 102,000 puestos de trabajo.

Por otro lado, criticó al Gobierno central por no haber respaldado los trasvases en España, mientras ha destinado recursos a desaladoras en Marruecos, creando competencia desleal con los agricultores españoles.

En su intervención, Rubira también se refirió a un reciente Pleno en el que el PSOE, Vox y Podemos rechazaron una moción del PP en defensa del trasvase, acusando a Vox de traicionar la causa del campo y de los regantes.

El diputado de Vox, Alberto Garre, respondió que su grupo actuó con responsabilidad, sosteniendo que el tema del agua es de Estado y advirtiendo sobre el riesgo de que el trasvase pueda quedar sin recursos si continúan las políticas actuales.

Garre planteó preocupaciones sobre las consecuencias sociales de una agricultura sin agua, indicando que podría llevar a la creación de una crisis en las zonas rurales.

Fernando Moreno, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, centró su discurso en la falta de credibilidad de la consejera y en su negativa a asistir a la Asamblea en ocasiones anteriores, acentuando que esto ha perjudicado a los agricultores.

Moreno también mencionó el uso de recursos públicos para convocar a agricultores en sedes del PP, lo que consideró un abuso y justificó posibles repercusiones legales.

En el debate, se negaron las acusaciones de connivencia política, con Moreno acusando al PP de desviar la atención de la realidad política actual al utilizar el trasvase como tema de campaña.

Desde el Grupo Mixto, María Marín criticó la falta de coherencia del PP y el PSOE en el debate del trasvase, señalando que ambos partidos han tenido posturas contradictorias en diferentes regiones.

Marín también trajo a colación la cuestión del almacenamiento de agua y la ineficacia en la gestión hídrica, sugiriendo que se necesita un enfoque sostenible que incluya diversas fuentes de agua, como la desalinización.

Por su parte, Jesús Cano, del PP, defendió la relevancia del trasvase y acusó a la oposición de comportamientos desafortunados durante el último Pleno, enfatizando la necesidad urgente de suspender la aplicación de las nuevas reglas de caudales ecológicos.

A lo largo de la deliberación, Cano destacó las propuestas del PP para proteger la infraestructura del trasvase y instó a trabajar en soluciones técnicas que aseguren el abastecimiento de agua para la cuenca del Segura.