Se estima que el Servicio Murciano de Salud (SMS) se vería obligado a acoger a aproximadamente 34.000 mutualistas, lo que, según cálculos, representaría un gasto adicional de alrededor de 55 millones de euros anuales para la Región de Murcia.

En un comunicado reciente, la Consejería de Salud de la Comunidad Autónoma ha dejado claro que no está dispuesta a asumir el coste que conllevaría la inclusión de estos nuevos pacientes en el sistema sanitario público, especialmente si el Gobierno de España no garantiza por escrito la financiación necesaria para cubrir esta eventualidad.

La Consejería ha subrayado que esta situación es de naturaleza "compleja" y requiere de una negociación urgente entre el Gobierno de España y las mutuas, un diálogo que, hasta el momento, no ha sido abordado por el Ejecutivo central. Esto ha generado un sentimiento de "malestar e indefensión" entre los afectados, quienes ven peligrar su acceso a la atención sanitaria adecuada.

Asimismo, se ha hecho hincapié en la responsabilidad del Gobierno central en proporcionar las mejores soluciones para el personal funcionario, no solo en términos de atención médica, sino también en la financiación que requieren las comunidades autónomas. La Consejería ha instado al Gobierno a renegociar los acuerdos anteriores con las mutuas para garantizar la prestación de servicios sanitarios adecuados.

En este contexto, la Comunidad Autónoma ha reafirmado su postura de que no asumirá el gasto adicional que implica la inclusión de 34.000 nuevos pacientes en el sistema de salud regional, a menos que se reciba un compromiso firme del Gobierno de España en cuanto a la financiación necesaria.

Por su parte, la Consejería ha criticado abiertamente la decisión de la ministra de Sanidad, Mónica García, al considerar que ha generado un problema significativo para aquellas comunidades que ahora deberán lidiar con la responsabilidad de acoger a miles de pacientes, en un sistema de salud que ya se encuentra sobrepasado en su capacidad operativa.

La Consejería ha calificado de "irresponsabilidad" la medida adoptada por la ministra, subrayando que su falta de capacidad para negociar y alcanzar un acuerdo ha resultado en una carga adicional para la sanidad pública. La estimación de 34.000 nuevos mutualistas que tendría que atender el SMS, junto al coste anual estimado de 55 millones de euros, pone de manifiesto la severidad de la situación en la Región de Murcia.