El presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, Lucas Jiménez, ha lanzado fuertes críticas hacia el Gobierno central, acusando a su líder, Emiliano García-Page, de vocinglero en relación con la nueva normativa que recorta el trasvase Tajo-Segura. Jiménez define estas nuevas directrices como un ataque directo al regadío en las regiones de Murcia, Alicante y Almería.

Durante una reciente rueda de prensa, Jiménez expuso su descontento por las decisiones impuestas por la exministra Teresa Ribera, actual vicepresidenta y comisaria de Competencia de la Comisión Europea. Señaló que estas reglas buscan socavar la agricultura en la zona y que el recorte anticipado por Sánchez en 2023 ha sido una realidad preocupante que ya se había previsto.

El líder de los regantes argumentó que el informe del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (Cedex), que respalda las nuevas decisiones, tiene el propósito de desatender las necesidades de agua del Levante y priorizar actividades recreativas en la cuenca alta del Tajo, a expensas de las prácticas de regadío y ganadería en la región.

Jiménez también criticó la eliminación del "nivel 3" para el regadío y advirtió que las nuevas regulaciones hacen casi imposible alcanzar los caudales ecológicos requeridos. Esta situación plantea serias preocupaciones sobre el futuro del sector agrícola en estas regiones, donde el agua es un recurso vital.

En su intervención, el dirigente del sindicato manifestó su indignación ante la postura del Ministerio de Agricultura, del que critica su falta de defensa ante los recortes impuestos. Y apuntó directamente a la irresponsabilidad del Gobierno al no presentar alternativas viables, como una verdadera política de desalación, a la que se refirió usando una metáfora de una antigua película española.

Jiménez subrayó que la desalación no puede compensar el impacto negativo que tendrán estos recortes sobre el regadío, señalando que la infraestructura actual está limitada a la costa y que no hay inversiones necesarias para ampliar la capacidad de producción de agua desalada. Los planes futuros del Gobierno están, según él, destinados a encubrir esta situación insostenible.

Ante esta situación, el presidente del sindicato anunció que convocará a las administraciones y diputados para que se pronuncien sobre estas nuevas reglas, que contemplan un aumento en los mínimos no trasvasables de agua. Jiménez instó a los políticos a un compromiso firme en defensa de los intereses de los ciudadanos de las provincias afectadas.

La preocupación es palpable, ya que desde 2028, se anticipan efectos devastadores a consecuencia de estas nuevas normativas. Jiménez planea abrir espacios de diálogo y protesta para aquellos que sientan la misma incertidumbre y frustración que él. Aseguró que las decisiones del Ministerio han afectado negativamente a más de tres millones de personas, lo que constituye una clara falta de respeto hacia estas comunidades agrícolas.

Finalmente, Jiménez criticó la falta de comunicación efectiva, asegurando que muchas de las noticias que llega a ellos provienen de los medios, y no del propio Ministerio. Además, cuestionó la tardanza del Gobierno en implementar modificaciones necesarias y argumentó que estas decisiones parecen dirigidas a acallar críticas internas dentro de Castilla-La Mancha.