Solicitan 6 años de prisión para un imputado de fraude laboral por crear una empresa ficticia y registrar 36 empleados en la Seguridad Social.

Solicitan 6 años de prisión para un imputado de fraude laboral por crear una empresa ficticia y registrar 36 empleados en la Seguridad Social.

El Ministerio Público ha revelado un caso en el que un individuo ha sido acusado de utilizar un subterfugio para dar de alta a personas en la Seguridad Social, con el fin de que pudieran acceder a los beneficios de ser trabajadores por cuenta ajena en el Régimen General. El juicio está programado para el próximo miércoles, 10 de enero, en la Audiencia Provincial de Murcia.

Según la acusación del Fiscal, los hechos ocurrieron en noviembre o diciembre de 2012, cuando el acusado simuló la existencia de relaciones laborales entre las personas interesadas en figurar como trabajadores dados de alta en la Seguridad Social y una supuesta empresa con actividad mercantil. El objetivo era permitir que estas personas accedieran a los beneficios asociados a estar registrados en el sistema de la Seguridad Social, como obtener o renovar el permiso de residencia en España, recibir asistencia sanitaria y percibir prestaciones o subsidios de desempleo.

El Ministerio Público sostiene que esta simulación de relaciones laborales fue simplemente una forma de lograr una resolución administrativa que reconociera la alta de los supuestos trabajadores en la Seguridad Social, sin que existiera una relación laboral real. Para lograr este propósito, el acusado convenció a una tercera persona para que se diera de alta como autónomo en la Seguridad Social y suscribiera la documentación necesaria para promover las altas de otras personas como trabajadores.

Según la acusación, la supuesta empresa no llevó a cabo ninguna actividad y los trabajadores dados de alta nunca prestaron servicio alguno. El Fiscal solicita una pena de tres años de prisión y una multa de 2.232 euros por un delito continuado de falsedad en documento oficial y mercantil, así como una pena de tres años de cárcel y una multa de 6.000 euros por un delito de fraude de prestaciones para el acusado.

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