En un desarrollo significativo durante el Pleno de la Asamblea Regional, VOX ha logrado obtener el respaldo del Partido Popular (PP) para exigir al Gobierno nacional que implemente medidas efectivas que permitan la prevención de inundaciones, especialmente en episodios de lluvias torrenciales. Además, han demandado una ampliación en la inversión dedicada a las infraestructuras necesarias para hacer frente a este tipo de desastres naturales.

Alberto Garre, diputado de VOX, ha tomado la palabra para subrayar la fundamental importancia de contar con infraestructuras hídricas que estén adecuadamente mantenidas, asegurando que tales obras “salvan vidas”. En su intervención, ha criticado las agendas climáticas promovidas por ciertas élites, las cuales, según él, desprotegen a la población española. Garre ha abogado por un mayor énfasis en la inversión en infraestructuras, destacando la necesidad de construir presas y embalses que no solo frenen el agua de las lluvias, sino que también acumulen el líquido para su uso posterior. Además, ha instado a mejorar las infraestructuras existentes.

El diputado ha enfatizado la vital necesidad de “mantener los cauces limpios y las áreas boscosas cuidadas” para anticipar y mitigar el impacto de las lluvias torrenciales. También ha hecho hincapié en la importancia de adaptar y mejorar los planes urbanísticos, proponiendo que se deben destinar todos los recursos humanos y materiales necesarios para evitar que se repitan catástrofes como la que se vivió en Valencia durante la última Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA).

Entre las propuestas que hicieron eco en la discusión, se encuentran la interconexión de cuencas y el desarrollo de plantas desalinizadoras, así como la promoción de un estudio nacional que facilite la construcción de nuevos embalses. Además, se ha sugerido la repoblación forestal con especies autóctonas y la realización de proyectos de canalización en las ramblas de Béjar y Benizar, así como la creación de presas en la rambla de Tudela y en diferentes cauces del Guadalentín.

El PP se ha sumado a esta importante iniciativa, tal como lo ha explicado el parlamentario Jesús Cano, quien aseguró que están “solicitando lo que históricamente hemos exigido desde el PP”. Cano respondió a las críticas lanzadas por la oposición, afirmando que su partido “no comparte el negacionismo del cambio climático”, defendiendo que son los auténticos representantes de los intereses de los ciudadanos de la Región. A su parecer, es crucial que se soliciten al Gobierno nacional acciones inmediatas para prevenir daños a bienes y a la vida de las personas en las áreas vulnerables de la Región.

En contraposición, desde el PSOE y Podemos han manifestado su desacuerdo, acusando a VOX de “no creer en el cambio climático”. El socialista Fernando Moreno criticó duramente a VOX, argumentando que han transcurrido de un negacionismo climático a un oportunismo que resulta “ruin y desagradable”, utilizando la tragedia de las 225 víctimas en su discurso. Según él, el objetivo de VOX no es garantizar la seguridad, sino más bien hacer una oposición destructiva al Gobierno de España. Una opinión similar fue expresada por la diputada de Podemos, María Marín, quien tildó la propuesta de VOX como “oportunista” y “peligrosa” en su tratamiento del cambio climático.

En otro orden de cosas, el Pleno ha desaprobado la propuesta de ley que había presentado VOX para transformar la regulación de la intervención integral en la Atención Temprana en la Región. Esta modificación, que fue presentada casi tres años después de la aprobación de la ley vigente, pretendía, según la diputada de VOX, María José Ruiz, ofrecer una atención más rápida y ágil, dado que hay niños que han estado esperando más de un año para acceder a sus derechos en este ámbito.

No obstante, todos los grupos parlamentarios manifestaron su oposición a la propuesta de VOX. PSOE, Podemos y PP coincidieron en que la modificación debería surgir de un consenso amplio. La socialistas Toñi Abenza subrayó que cualquier cambio en la normativa “debe nacer del máximo consenso posible y con una escucha activa”. Reconoció que ciertos aspectos de la ley requieren atención urgente, pero enfatizó que no debe realizarse de manera apresurada.

Por su parte, Abenza propuso la creación de una mesa técnica-política de trabajo para abordar estas cuestiones. María Marín de Podemos, respaldó este enfoque al criticar la propuesta de VOX por parecerse excesivamente a la legislación andaluza, alegando que no se trataba de una ley participativa que emanara del trabajo conjunto con los colectivos sociales. El PP, representado por Maruja Pelegrín, se mostró dispuesto a colaborar con todos los sectores involucrados y recalcó que la propuesta de VOX no considera la necesidad de una intervención social plural.

Asimismo, el Pleno también rechazó una moción presentada por el PSOE que buscaba un marco normativo regional para regular la instalación de plantas de biogás en la Región. La propuesta fue desestimada con el respaldo del PP y VOX, lo que llevó a la socialista Carmina Fernández a lamentar que el PP “da la espalda a los vecinos”, evidenciando su falta de interés en regular este tipo de instalaciones que se están expandiendo sin consenso comunitario.

Fernández destacó que la proliferación de plantas de biogás en la Región se realiza sin consultar a la ciudadanía sobre su aceptación o rechazo, mientras que Podemos apoyó la idea de que sería pertinente realizar una consulta a los vecinos sobre estas instalaciones. Desde VOX, Antonio Martínez alegó que estas iniciativas buscan “engañar a la ciudadanía”, argumentando que la moción socialista apuntaba a inconvenientes del Gobierno regional en la adaptación a las directrices del biogás, pero consideró que el planteamiento de más regulación era erróneo, citando la actual sobreregulación existente.

Adicionalmente, la diputada del PP, María Casajús, instó al PSOE a que si desean paralizar la construcción de plantas de biogás, deben presentar iniciativas legislativas adecuadas, reprochándoles el uso del “populismo para señalar a los demás” y sugiriendo que demanden al Gobierno nacional una normativa específica para abordar esta situación.

Finalmente, el Pleno desestimó otra moción de Podemos que pedía una consulta pública sobre la instalación de plantas de biogás. Esta iniciativa fue igualmente objeto de enmiendas por parte de PP y VOX que fueron igualmente rechazadas. El diputado de VOX argumentó que la propuesta representaba un anticipo de una revuelta contra la transición energética, la cual, a su juicio, conduce a la pobreza energética, expresando su oposición a la posibilidad de una consulta pública sobre obras privadas.

Paralelamente, Casajús recordó a Podemos que ellos fueron los responsables de aprobar la hoja de ruta para las plantas de biogás, lo que generó críticas de María Marín de Podemos, quien consideró que tanto PP como VOX buscan restringir la participación en el proceso de exposición pública de los proyectos y las alegaciones. Además, el Pleno no aprobó una moción del PP que exigía al Gobierno nacional un sistema de financiación equitativo entre las comunidades autónomas. El diputado Víctor Martínez-Carrasco defendió la necesidad de un sistema de financiación “justo y solidario”, criticando al presidente Pedro Sánchez por no abordar reformas necesarias en este aspecto durante la Conferencia de Presidentes.

En este contexto, todos los grupos políticos también presentaron enmiendas a la totalidad que fueron rechazadas. Desde el PSOE, Alfonso Martínez argumentó que el sistema de financiación autonómica debe asegurar recursos adecuados para que las comunidades cubran sus competencias en educación y servicios sociales, garantizando a los ciudadanos el mismo acceso a servicios públicos. Además, solicitó que se condone parte de la deuda acumulada en la Comunidad, siguiendo criterios equitativos.

Por su parte, Víctor Egío de Podemos pidió una revisión del modelo de financiación existente, sugiriendo que se debe tener en cuenta la “población real” y agregó que es igualmente importante reformar el sistema de financiación local, instando al Gobierno regional a que inicie una ley específica para tratar este asunto.