La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, quien también preside la Comisión de Violencia de Género de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), ha decidido reunir a los alcaldes miembros de esta comisión para examinar la problemática relacionada con las pulseras antimaltrato. Además, la FEMP tiene la intención de solicitar una reunión con la ministra de Igualdad, Ana Redondo, para abordar de manera directa las incidencias que han surgido con respecto a este dispositivo.

Arroyo ha requerido un informe al Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, que contenga todas las alertas y datos relevantes del sistema actual. Su expectativa es poder estudiar dicha información en el marco de la comisión para evaluar las acciones a seguir.

La alcaldesa ha enfatizado la importancia de que los ayuntamientos desempeñen un rol activo en la búsqueda de soluciones a esta problemática. Recordó que las corporaciones municipales son el primer punto de contacto para las víctimas, gestionando recursos como casas de acogida y coordinando la implementación de medidas judiciales efectivas.

En este contexto, Arroyo ha calificado de "esencial" que el Gobierno central aclare las razones detrás de la adjudicación de este servicio a una oferta que fue “mal evaluada” y la falta de atención a las advertencias formuladas por jueces y diversas instancias institucionales.

Asimismo, subrayó que organismos como el Defensor del Pueblo, las Audiencias Provinciales y el propio centro de control COMETA han señalado serios problemas relacionados con la geolocalización y la funcionalidad de las pulseras, desde la duración de la batería hasta posibles manipulaciones.

En un esfuerzo por abordar estos problemas, la alcaldesa ha solicitado a la delegada del Gobierno para la Violencia de Género que el Observatorio proporcione toda la documentación pertinente. Esto permitirá a los alcaldes evaluar las incidencias en sus respectivas localidades y llegar a un consenso sobre propuestas para ser presentadas en la comisión de la FEMP.

El propósito de la reunión con la ministra es manifestar la "preocupación a nivel municipal" y exigir un nivel de "transparencia" que incluya información sobre cuántos procedimientos se han visto afectados y qué medidas se han tomado para subsanar los errores evidenciados.

Arroyo ha advertido que "la confianza de las víctimas y de los ayuntamientos en el sistema está comprometida", añadiendo que restaurar esta confianza requiere un análisis riguroso y la asunción de responsabilidades adecuadas.

La Comisión de Violencia de Género de la FEMP representa un espacio clave para la coordinación de políticas locales y el intercambio de experiencias en la protección de mujeres que han sido víctimas de maltrato. Esta federación integra a 8.131 municipios y tiene la capacidad de presentar propuestas al Gobierno Nacional.

Con la convocatoria de esta comisión, Arroyo busca que los alcaldes trabajen juntos para analizar la documentación recibida del Observatorio y determinar las acciones institucionales que luego serán comunicadas al Ejecutivo.

Finalmente, recordó que son los municipios quienes tienen la responsabilidad de atender a las víctimas a través de sus oficinas de igualdad, en colaboración con las fuerzas de seguridad para asegurar el cumplimiento de las órdenes de alejamiento. "Si las pulseras presentan fallos, la efectividad de nuestro trabajo se ve afectada", concluyó.

La iniciativa de la FEMP tiene como fin "restablecer la confianza de las usuarias y asegurar que el sistema cumple con su deber de salvaguardar a las más de 4.500 mujeres que dependen de él". Hasta la fecha, se han instalado más de 21.000 pulseras bajo el Sistema de Seguimiento por Medios Telemáticos, manteniendo activas unas 4.500 en la actualidad.