En un paso significativo hacia el desarrollo urbano, el Ayuntamiento de Cartagena ha sellado un acuerdo de colaboración con la Asociación de Constructores de Cartagena y Comarca (ACC). Este convenio, firmado este lunes, establecerá un nuevo marco de corresponsabilidad y mutua confianza que busca impulsar el sector de la construcción, agilizar procesos urbanísticos y facilitar el acceso a la vivienda para los ciudadanos.

La firma del convenio tuvo lugar en la Oficina de Empresa, con la participación de la alcaldesa Noelia Arroyo, la presidenta de la ACC, Antonia González, y representantes de la Confederación de Organizaciones Empresariales de Cartagena (COEC) y la Cámara de Comercio. El acuerdo tendrá una duración inicial de cuatro años, aunque existe la posibilidad de prorrogarlo por otros cuatro, como se ha informado desde el Consistorio local.

Este pacto promete ofrecer un acompañamiento técnico individualizado a los constructores, además de resolver de manera periódica cualquier duda que surja en el proceso. A su vez, la ACC se compromete a asegurar que sus miembros cumplan con la normativa vigente y presenten la documentación necesaria de calidad.

La alcaldesa Arroyo enfatizó la importancia de simplificar los trámites urbanísticos, señalando que los ciudadanos no deberían verse atrapados en lo que ella describe como un laberinto administrativo. Su objetivo es acelerar los procesos, sin sacrificar el cumplimiento de la ley.

Por otro lado, Antonia González expresó que la reducción de plazos y la seguridad jurídica son esenciales, especialmente en un contexto donde los costos de los materiales están aumentando y hay escasez de mano de obra disponible en el sector.

Este convenio llega en un momento en que se han aprobado criterios para declarar ciertos Proyectos de Interés Municipal. Esta figura permitirá acortar los plazos administrativos a la mitad para aquellos proyectos que superen los dos millones de euros o que generen al menos 25 nuevos empleos, facilitando así la inversión en la región.

En estos casos, la Oficina de Empresa actuará como un único punto de contacto, orientando a los inversores a través del proceso administrativo.

La alcaldesa Arroyo también recordó las mejoras que acompañan el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que aborda históricas demandas del sector constructor. Este plan introduce compensaciones urbanísticas en caso de hallazgos arqueológicos, permitiendo aumentos de edificabilidad de hasta un 35% en caso de que se descubran restos históricos, cifra que puede alcanzar el 40% si se trata de viviendas protegidas.

Asimismo, en situaciones donde no sea posible construir en un terreno específico, la posibilidad de trasladar el aprovechamiento a otra parcela se introduce como una medida adicional de flexibilidad.

Otra de las novedades significativas es que los garajes en superficie no afectarán al conteo de plantas de vivienda, lo que se traduce en una reducción de costos. En cuanto a la vivienda protegida, los proyectos en terrenos libres recibirán un aumento del 40% en la edificabilidad, que ascenderá al 50% si se trata de terrenos públicos.

El nuevo PGOU ampliará la superficie residencial en 700 hectáreas, con un objetivo fijado de 100,000 viviendas en total. En lo que respecta al suelo industrial, se incorporarán cerca de siete millones de metros cuadrados en zonas como Cabezo Beaza y Los Camachos.

La alcaldesa ha resaltado el compromiso por reducir la burocracia, un esfuerzo que ya está reflejado en los datos del año 2025. Durante el año pasado, se tramitaron un total de 5,237 expedientes urbanísticos, entre los cuales se incluyen 381 licencias de obra mayor.

Por último, las cifras muestran que destacan las 1,804 declaraciones responsables y las 3,052 comunicaciones previas, que han jugado un papel crucial al permitir que autónomos y pequeñas empresas inicien sus proyectos sin demoras. Esta simplificación se considera crucial para fomentar un entorno de inversión más dinámico en la ciudad.