En la Región de Murcia, el trasvase Tajo-Segura ha demostrado ser un pilar fundamental para la economía nacional, aportando 3.912 millones de euros al Producto Interior Bruto (PIB) en 2024. Según un reciente informe de la prestigiosa firma consultora PriceWaterhouseCoopers (PwC), esta cifra representa un notable incremento del 29,8 por ciento respecto a 2019.

El estudio también señala que las industrias vinculadas a la agricultura, la comercialización y la transformación en las zonas beneficiadas por el trasvase han mantenido la creación de 102.894 empleos para el año 2024, lo que equivale a un crecimiento del 5,8 por ciento en la plantilla laboral desde 2019. Este resultado resalta la importancia económica de estas actividades para el bienestar de numerosas familias en la región.

Además, el informe examina el impacto que las aguas subterráneas tienen en la agricultura. Destaca que estas fuentes fueron responsables de generar casi 583 millones de euros en cultivos de regadío en 2024, lo que se traduce en una contribución significativa de 668 millones de euros al PIB y 31.428 empleos adicionales en el sector agrícola.

La presentación de este relevante documento tuvo lugar en un evento que contó con la participación del presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, así como de la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, y el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats). Durante el acto, López Miras expresó su profunda preocupación sobre la actual política hídrica del Gobierno central, indicando que esta podría llevar a la Región a una sequía no solo en términos de agua, sino también social y económica.

El presidente autonómico criticó la hoja de ruta del Gobierno de España, que incluye un drástico recorte del 50% en el trasvase y el cierre de numerosos acuíferos, previsto a partir de 2027. López Miras aseguró que no permitirán que estas medidas "condenen nuestro futuro" y se comprometió a respaldar a agricultores y regantes en su defensa.

Denunciando lo que calificó como un "hachazo" al trasvase, el presidente lamentó que esta situación no solo afecta a los agricultores, sino a todos los ciudadanos de Murcia. Alertó que la reducción de recursos hídricos, asociada al cierre de acuíferos, podría llevar a la pérdida de 28.000 hectáreas de cultivo, 700 millones de euros en pérdidas y la desaparición de casi 30.000 empleos.

El Gobierno regional ha criticado también la falta de propuestas efectivas por parte del Ministerio para compensar la reducción de recursos hídricos que resultaría del cierre de acuíferos, una situación que impactaría severamente al Altiplano, dependiente de las aguas subterráneas.

López Miras subrayó que la gestión del agua es competencia del Estado, y lamentó la inacción del Gobierno de España, que propicia el enfrentamiento entre comunidades autónomas. A su vez, calificó el informe presentado por los regantes como "serio y riguroso", destacando su importante papel no solo en el sector agrícola, sino en el bienestar de la sociedad murciana y del país en su conjunto.

El presidente del Scrats, Lucas Jiménez, respaldó los hallazgos del informe al mencionar las "cifras positivas" que confirman el impacto económico del trasvase Tajo-Segura en el sureste español. No obstante, también advirtió sobre las posibles repercusiones negativas que podría acarrear la reducción planificada de aguas subterráneas a partir de 2027, señalando que la creación de empleo y la sostenibilidad podrían verse gravemente afectadas si se lleva a cabo el recorte del 50% que se contempla en el plan de Cuenca.